La burla de la Procuraduría

Que este periódico haya visto denegada su solicitud de información sobre el alcance de la investigación, si la hubiera, de las muertes a mansalva de presuntos delincuentes por la Policía, radiografía el menosprecio de nuestras autoridades por el legítimo derecho a saber de los ciudadanos. 

En las últimas semanas, Diario Libre ha ocupado sus páginas con el escrutinio de una práctica que contradice el Estado de derecho que teóricamente rige y ampara a nuestra sociedad. Sus documentados reportajes van a contracorriente de la dejación de responsabilidades por parte del Ministerio Público frente a la transgresión sistemática del derecho constitucional a la vida y al juicio justo.

La denegación de lo solicitado por parte de la Procuraduría General de la República entraña, además, una burla. Argüir «la reserva de las pesquisas penales y la protección de datos personales» es pretender tomar por tonto, no solo a este periódico, sino también a la ciudadanía; no se solicitó nada que entorpeciera proceso alguno, sino qué se está haciendo para que el delito policial no quede impune.

Mas no vale querer tapar el sol con un dedo. Si algo caracteriza al Ministerio Público es su pasión por el espectáculo y la filtración interesada sobre los casos que maneja con el propósito de estimular a la tropa circense a montar juicios paralelos. Hojear los periódicos o recurrir a los archivos digitales refresca la memoria de los olvidadizos. 

«Fichas» como esas demeritan el pudor procedimental de la Procuraduría respecto de las consecuencias para sus autores de las 98 muertes ocurridas en los últimos dos meses, las cuales, como escribe Diario Libre en su último reportaje, son siempre trivializadas con una declaración policial que solo cambia el nombre de la víctima.

¿Es coherente la esgrimida «reserva de las pesquisas penales»? Basta con tener un grado de sensatez promedio para responder con la duda: la proclividad del Ministerio Público al aparataje lo permite. No olvidemos tampoco su estrategia discursiva de adjetivar los casos («crimen de lesa humanidad», «holocausto», «escandaloso y nunca visto»... Camacho dixit) que lesiona la presunción de inocencia de los imputados. Aquí, ni reserva ni protección de datos.

No ha habido caso de corrupción en el que la acusación formal no haya estado precedida por filtraciones: desde airear la identidad de sospechosos de colaboración (como los de la famosa lista de sucesores beneficiarios de pagos por expropiaciones de terrenos que circuló por WhatsApp, o el historial bancario de un conocido empresario), pasando por la detallada descripción de los bienes incautados a los principales imputados antes de sentarlos en el banquillo, hasta el modus operandi de las presumidas redes de corrupción.

Un editorial del pasado junio de este periódico sobre uno de los expedientes más sonados sirve para todos: «mucho ruido, filtraciones, nombres lanzados al escarnio público y una narrativa de epopeya moral que parecía escrita antes de que iniciara el juicio». 

Con antecedentes como estos en la alforja, es ofensiva la apelación a la reserva con la que la Procuraduría justifica el silencio sobre si están siendo investigados los policías implicados en las muertes que dejan los desacreditados intercambios de disparos.

Esta incoherencia conduce también a pensar, sin pizca de remordimiento, que a la denegación de información subyace, además del menosprecio, la complicidad activa con una política de exterminio que desmonta el trampantojo de la reforma policial.