¿Dónde queda la seguridad jurídica?

El presidente Luis Abinader anunció el lunes, en un video, la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en San Juan. Una vez más, su gestión escucha la oposición del pueblo y toma la decisión que las masas reclaman. El populismo vuelve a imponerse.

Pero hay un mensaje que subyace en estas ya habituales reversiones repentinas del Ejecutivo: la seguridad del inversionista. ¿Puede un mensaje grabado borrar de un plumazo lo que antes se había autorizado?

En el caso de Romero, se había dado luz verde a un estudio de impacto ambiental solicitado durante años para determinar su viabilidad. Si ese análisis concluía que el proyecto causaría más daño que beneficios, correspondía rechazarlo, pero con base en evidencias rigurosas y objetivas. Si, por el contrario, el resultado indicaba que era viable, las protestas se activarían igual. El pueblo sostendría su postura, y entonces al Gobierno le tocaría hacer lo más difícil: convencer, con datos, de que los pros superan los contras.

Abinader apagó el fuego antes de que el agua hirviera. Y dejó a los comensales con los cubiertos en las manos. Tendrán que irse a otro restaurante. Pero convendría recordar que los dueños de esos restaurantes necesitan algo básico: la certeza de que sus locales pueden operar sin el temor de que una orden repentina les obligue a cerrar sus puertas.