Tráfico en la frontera
Más de 250 sometidos por tráfico de indocumentados revelan un negocio alarmante
El dato es tan elocuente como inquietante. En lo que va del año, 256 personas han sido sometidas a la justicia por tráfico de indocumentados. La cifra revela la dimensión de un negocio que, para prosperar con tal frecuencia, debió contar durante demasiado tiempo con incentivos claros: alta rentabilidad, bajo riesgo o, peor aún, una percepción de impunidad casi garantizada.
El tráfico de personas no es un delito tonto ni un simple desvío administrativo. Es una actividad que se alimenta de la vulnerabilidad humana, que convierte la necesidad en mercancía y que erosiona la autoridad del Estado en sus funciones más básicas: el control del territorio y la protección de la dignidad de quienes lo transitan. Allí donde florece, no solo hay redes organizadas, sino también fisuras institucionales que las hacen posibles.
Por eso, los sometimientos anunciados constituyen una señal alentadora. Indican que algo comienza a moverse en la dirección correcta: mayor vigilancia, más operativos, una voluntad —al menos inicial— de enfrentar estructuras que suelen operar con notable capacidad de adaptación.
Pero el eslabón decisivo sigue siendo la justicia. De poco servirán los arrestos si no se traducen en condenas proporcionales al daño causado. La disuasión no se construye con titulares, sino con sentencias firmes. Solo así dejará de ser un buen negocio.