Una frontera bajo control
El control fronterizo debe combatir también las redes de tráfico y la corrupción
Proteger la frontera es una obligación del Estado dominicano. La posibilidad de que se intensifiquen las operaciones contra las pandillas haitianas justifica reforzar la vigilancia, anticipar desplazamientos y preparar respuestas. La prevención resulta preferible a la improvisación.
El Gobierno asegura que las bandas permanecen alejadas y que el país ha atravesado momentos de mayor riesgo. Esa evaluación debe servir para informar con serenidad, sin alimentar temores ni convertir cada episodio de la tragedia haitiana en una alarma nacional.
Pero la seguridad fronteriza también exige controlar la inmigración ilegal. Los blindados, los drones y los batallones adicionales cumplen una función defensiva; corresponde acompañarlos de una política migratoria consistente, aplicada diariamente y sostenida por instituciones que cumplan sus responsabilidades.
Una frontera vigilada pierde eficacia cuando persisten pasos clandestinos, redes de tráfico de personas, corrupción y empleadores dispuestos a contratar extranjeros al margen de la ley. El control debe alcanzar tanto a quienes facilitan el ingreso irregular como a quienes obtienen beneficios económicos de esa vulnerabilidad.
Aplicar la legislación migratoria exige procedimientos claros, respeto a la dignidad humana y sanciones efectivas contra las complicidades dominicanas. La arbitrariedad debilita la autoridad que pretende afirmar.
La República Dominicana tiene derecho a proteger su territorio y decidir quién entra y permanece en él. Ejercerlo requiere firmeza, inteligencia y continuidad, además de una voluntad inequívoca de hacer cumplir la ley.