"Operación León Marino"

A los pueblos no les gusta el engaño. No es de agrado que los liderazgos asuman compromisos y luego los ignoren o los relativicen. Se generan entonces profundos procesos de frustración y descreimiento que pueden marcar negativamente a toda una generación política. Eso puede estar pasando respecto de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. 

Como se recordará, a partir del destape de los casos de Odebrecht, –empresa que confesó haber corrompido gobiernos durante 14 años, por más de 92 millones de dólares– se produjo en el país un nivel de agitación y movilización ciudadana y popular desde el 2018 que terminó siendo un factor determinante para sacar al peledé del poder en el 2020. Era más que evidente que los cuatro gobiernos del peledé constituían el período de mayor corrupción de los últimos 60 años. Que como nunca antes, presidentes, ministros, legisladores en conjunto habían malversado y desfalcado el patrimonio público. Y aunque hubo dos gobernantes, en esta materia no hay que hacer distinción, pues ambos propiciaron conscientemente gobiernos medularmente corruptos. 

El gran beneficiario de todo el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad fue, sin dudas, el candidato, hoy presidente Luis Abinader. Se produjo pues, una especie de pacto tácito: la ciudadanía ejerció de forma mayoritaria el voto a su favor, para sacar al peledé del poder y su gobierno asumía el compromiso de ponerle fin a la corrupción y la impunidad. La ciudadanía cumplió su parte. El Gobierno no ha honrado al nivel esperado, la parte que le correspondía del trato hecho. Dos aspectos destaco: en varios de los casos de corrupción denunciados, el Gobierno se ha limitado a la destitución y el Ministerio Público no ha actuado en todos. Pero lo más significativo del incumplimiento del pacto ha sido haber obviado la persecución de la corrupción del periodo 2004-2012. 

Sin dudas, en los primeros meses de gestión de este gobierno, el desempeño del Ministerio Público satisfizo las expectativas de la ciudadanía. Las llamadas operaciones Antipulpo, Caracol, Coral, Medusa, revelaron hasta qué niveles de corrupción llegaron los últimos dos gobiernos del peledé. Incluso hay que decir que aún la más fértil imaginación quedó superada cuando se conoció el volumen y la amplitud de los entramados ilícitos articulados por familiares muy cercanos al expresidente Danilo Medina. Se puso de manifiesto que cuando el Ministerio Público cuenta con el favor de la voluntad política sabe investigar y reunir las pruebas, de forma contundente. 

Es por eso que ha impactado que ese mismo MP, a casi dos años de gestión, no haya movido ni el dedo meñique para investigar la corrupción de los períodos de los gobiernos de 2004-2012 que terminaron con un histórico déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos por la más descarada corrupción, canalizada esos años, para el mantenimiento del peledé en el poder y el control del Congreso. Lo primero que se esperaba, incluso todavía, es que el MP haga un exhaustivo inventario de los casos de corrupción que figuran en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y defina el status jurídico en que se encuentran cada uno de ellos y que proceda en consecuencia. 

Son muchos los casos de corrupción de este período 2004-2012 de los que la ciudadanía requiere finalmente una respuesta, para que en aquéllos en que haya o se puedan reunir las pruebas, se le dé curso a la persecución penal, se lleve a la cárcel a los que resulten responsables y se recupere lo robado del patrimonio público. Sería lamentable que por conveniencias políticas de coyuntura se deje impune el horrendo capítulo de la corrupción administrativa del período 2004-2012 y a sus responsables. 

Para tener una idea, y solo a título de ejemplo, menciono una pequeña muestra de algunos de los casos que están varados en los archivos del PEPCA y de los que se requiere una respuesta del actual Ministerio Público en aras de que se respete el derecho a la justicia de la ciudadanía. 

1) Nominillas. Una investigación de 2008 reveló la existencia de esta nominilla secreta que pagaba salarios sin trabajar a militantes del partido oficial en varios ministerios e instituciones autónomas: Agricultura, IAD, Indrhi, Inapa. El monto estimado por el pago de nominillas era de más de mil millones de pesos mensuales. 

2) Indrhi. Se estimó en la investigación malversación de fondos en el período 2008-2009, por más de 1,500 millones de pesos y de US$56 millones de dólares. 

3) VAGONES DEL METRO. La investigación del caso valoró una sobrevaluación ascendente a 5,595 millones pesos. 

4) Parqueos de Bellas Artes. La investigación identificó que fueron sobrevalorados en cerca de mil millones de pesos. 

5) Liga Municipal Dominicana. Auditorías de la Cámara de Cuentas revelaron sobrevaluaciones por más de mil millones de pesos. 

6) Universidad de Haití. Fue denunciada una sobrevaluación en esta obra de cientos de millones de pesos. 

7) Parqueos de la UASD. La sobrevaluación denunciada identificó que cada parqueo le había terminado costando al Estado la suma de 800 mil pesos.

8) Fondos Falconbridge. La investigación reveló malversación de estos fondos por varios cientos de millones de pesos. 

9) Opret. Denunciada por realizar operaciones financieras no transparentadas, por más de $35,000 millones en líneas I y II del Metro de Sto.Dgo., en el período 2009-2012. 

10) Malecón Nagua. La investigación reveló malversación por más de 500 millones de pesos en la construcción de esta obra, originalmente concertada en el 2009. 

Estos casos citados revelan una parte de la corrupción denunciada de ese período, que a su vez representa menos del 10% de la corrupción efectivamente ocurrida. 

Como se recordará hubo otros casos graves de corrupción que el Ministerio Público del momento protegió con el escudo de la impunidad. Tales fueron los casos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el caso de la Sunland. 

También está el de los aviones Tucanos, actualmente en curso de conocimiento en la jurisdicción penal. 

En todos estos casos, no estaría demás que el Ministerio Público “investigara” la investigación que se realizó para revelar complicidades y enmendar cualquiera actuación complaciente.

Pienso que si el Ministerio Público se decidiera por investigar la corrupción del período 2004-2012, y si tenemos en cuenta su afición al ambiente de mar, muy bien pudiera denominarlo “Operación León Marino.”