Incertidumbre y derecho de las gentes (2 de 2)

Las bases del contrato social imaginario que llevó al surgimiento de los Estados para organizar el orden, la seguridad, la justicia y promover el progreso de sus pueblos respectivos, se encaminan hacia su disolución.

El Estado surgió como una superestructura necesaria para estimular el bienestar de su base poblacional, no para oponerlo como estructura de dominación sobre otros de naturaleza similar, ni tampoco para domeñarla, controlarla, reprimirla, ponerla al servicio de autócratas.

La tendencia que se perfila, alejada de las concepciones que le dan justificación, es hacia la conformación de Estados expansionistas y autoritarios, al tiempo de que los más pequeños se repliegan y subordinan a los intereses dominantes.

En una época predominó la teoría del equilibrio del poder que hizo posible evitar, por un tiempo, períodos de guerra temibles y cruentos. De ahí se pasó a consagrar como principios universales los de no intervención, no uso de la fuerza, respeto a la integridad territorial y a la soberanía.

En los últimos tiempos ha adquirido relevancia y pugna por imponerse la noción de área de influencia, conformada por espacios nacionales en los cuales las superpotencias establecen sus esferas de dominio y ejercen su tutela sin permitir intromisiones.

En su reciente discurso pronunciado recientemente en Davos, Suiza, el primer ministro de Canadá, Mark J. Carney, sintetizó con agudeza la situación a la que se ha llegado. Dijo: “Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera. Que las reglas comerciales se aplicaban de manera asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con rigor variable según la identidad del acusado o de la víctima. Esta ficción era útil…”.

Hoy está claro que se asiste a una ruptura del orden establecido, aunque en buena parte fuese ficticio. Esto lleva a un reordenamiento en el que los países pequeños deberían replicar lo que Starmer sugiere para los de tamaño intermedio: “Desarrollar mayor autonomía estratégica…”. E implica, para el caso nuestro, asegurar la provisión de energía, alimentos, solidez financiera y fiscal, y dar prioridad a multiplicar los enlaces entre los sectores económicos.

Aparte de lo anterior, hay que recordar que los Estados están compuestos de pueblos, su cimiento social, a quienes no siempre se les consulta en condiciones de plena libertad acerca de decisiones básicas que afectan su presente y futuro. En algunas latitudes más bien se les reprime y coarta.

Algunas de esas superestructuras se han ido abrogando competencias que nadie les ha otorgado, alimentando el ego de autócratas cuya ambición es someter a la población a su autoridad, caprichos, egos y ambiciones.

En un buen número de países los mecanismos institucionales creados para evitar tanto el uso ilegitimo como excesivo del poder en manos de unos pocos, no funcionan. Los derechos individuales han retrocedido, mientras que los de los Estados no han dejado de crecer, dando lugar a una asimetría preocupante.

Lo cierto es que los derechos individuales tienden a relegarse a un plano secundario aun en sociedades dotadas de robusta institucionalidad, al tiempo de que en otras predominan gobiernos ilegítimos que utilizan el poder para reprimir a sus pobladores e impedir su libre expresión.

Cuando llegue, tal y como se intuye, una conmoción de alcance universal que estremezca el orden instituido, lo deseable sería que pusiera el énfasis en el derecho de los pueblos a ser gobernados por medio de su libre consentimiento, sin opresión, en libertad. Es la gran revolución pendiente de cristalizar.

Y así como la Revolución Francesa se amparó en el cambio de estructura económica por vía de la Revolución Industrial, la que está por venir puede que encuentre acomodo en la Revolución Cibernética que en nuestros días rige la economía mundial.   

En ese contexto tal vez surja, más pronto que tarde, una doctrina que obligue a los Estados a recurrir al uso de la fuerza para imponer procesos democráticos y hacer exigible la legitimidad en sociedades en las que haya sido usurpada.

Y quizás emerja una entidad que tenga la facultad y poder para hacerla cumplir, con capacidad de imponer castigos e intervenir en favor del derecho de los pueblos a ser gobernados dentro de un ambiente de libertades y sin populismos mesiánicos.  

En otras palabras, está bien que existan reglas que rijan las relaciones entre los Estados siempre como entes subordinados a sus constituyentes, que son los pueblos, pero más importante aún es que haya mecanismos funcionales que protejan a los ciudadanos de los abusos del poder.

Si así fuera se llegaría al imperio del derecho de las gentes, con rango de mayor prioridad que el de los Estados.