Una mirada a la transición política dominicana post-Trujillo

Los recientes acontecimientos en Venezuela han motivado a destacados articulistas dominicanos, como Bernardo Vega, Eduardo Jorge Prats y otros más, a hacer comparaciones con el proceso de transición hacia la democracia en la República Dominicana, particularmente lo que ocurrió tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. En realidad, en el caso venezolano no puede hablarse de una transición democrática, pues lo que se ha producido es un esquema transaccional entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela que, si bien ha implicado el arresto y el desplazamiento del poder de Nicolás Maduro, ha estabilizado al régimen autoritario venezolano a cambio del control por parte del Gobierno estadounidense de los recursos petroleros venezolanos. Que esto pueda eventualmente desembocar en una transición democrática es algo que no puede totalmente descartarse de antemano, pero hasta ahora no hay señales de que ese sea el propósito.

En el caso dominicano de 1961 se dio una situación muy distinta. Trujillo fue ajusticiado por un grupo de hombres que actuó con gran heroísmo, pero sin una articulación con fuerzas políticas -inexistentes, por demás- y sin una visión clara más allá de poner fin a la vida del dictador. Las condiciones de opresión absoluta que vivía el país, sin intersticios de libertad, impedía cualquier acción política amplia y coordinada que preparara las condiciones para desencadenar un proceso de transición hacia la democracia. Por tanto, la muerte de Trujillo creó simplemente la posibilidad de una transición democrática, pero no había una certeza de que el proceso político se encaminaría necesariamente hacia el establecimiento de un régimen democrático.

En esas circunstancias, Joaquín Balaguer, presidente nominal del país en el momento del ajusticiamiento del tirano, se encontró ante un dilema que quiso, pero no pudo resolver. Por un lado, él entendió que acelerar el cambio político para desmontar rápidamente los resortes del poder trujillista era una tarea sumamente riesgosa, por lo que procuró un entendimiento funcional con los personeros del régimen, especialmente con Ramfis Trujillo, el hijo mayor del dictador, para contenerlos lo más posible, lo cual no pudo lograr. Por otro lado, sin embargo, Balaguer también entendió que mantener el régimen -un trujillismo sin Trujillo- era un proyecto insostenible, por lo que inició una liberalización calibrada -podría decirse que milimétrica- del régimen político que incluyó medidas no desdeñables como el regreso de los exiliados, la legalización de los partidos políticos, la destitución del jefe de inteligencia militar, la clausura del Partido Dominicano, entre otras. 

Visto en retrospectiva, es claro que Balaguer quería mantenerse en el poder y encabezar la transición política utilizando las propias instituciones del régimen y sin alterar los tiempos político-electorales de la Constitución vigente. Hay que recordar que Trujillo siempre operó en el marco de una formalidad jurídica “democrática” en el marco de una estructura de poder totalitaria. En parte, Balaguer logró su propósito ya que la reforma constitucional del 29 de diciembre de 1961 que creó el Consejo de Estado fue hecha por el Congreso Nacional, actuando como Asamblea Revisora, integrado por los representantes escogidos en la era de Trujillo. En realidad, Balaguer hubiese deseado que continuara la “normalidad” institucional, pero, bajo presión, se vio obligado a aceptar un cambio constitucional que creó el Consejo de Estado, con plenos poderes ejecutivos y legislativos, encabezado por él e integrado por figuras predominantemente conservadoras de la vida política, social y eclesial dominicana.

No obstante, el tiempo de Balaguer como presidente del Consejo de Estado duró poco. A pocos días tuvo que asilarse en la sede de la Nunciatura ante la presión de dos fuerzas políticas contrapuestas, pero que hicieron causa común para sacar a Balaguer del poder: por un lado, la Unión Cívica Nacional, de orientación conservadora, que adoptó una posición radical contra Balaguer y el trujillismo en general; y, por el otro, el Movimiento 14 de Junio, de orientación progresista, con su líder Manolo Tavárez que le dio credenciales antitrujillistas a ese movimiento contra Balaguer. El objetivo común era, como decía la consigna, acabar con “los remanentes del trujillismo”, una de cuyas figuras era el propio Balaguer. 

Como vino a suceder, estas dos fuerzas políticas le hicieron un gran favor político a Balaguer, pues este salió al exilio y no participó directamente en los intensos conflictos que se produjeron en el país entre 1962 y 1965, lo que le permitió regresar en 1966 y presentarse como una figura equidistante de la derecha y de la izquierda con un discurso político de “orden” y “paz” que resultó muy efectivo en una sociedad básicamente rural y deseosa de que se restableciera la normalidad luego de la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. Desde luego, Balaguer regresó al país con el apoyo de Estados Unidos, lo que Bernardo Vega muestra en su bien documentado libro titulado Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966.

Puede decirse que Balaguer dio apenas los primeros pasos de lo que Guillermo O´Donnell denominó la “primera transición”, esto es, el paso de un régimen autoritario a un régimen democráticamente electo. Se puede argumentar también que esta fase culminó con la celebración de elecciones democráticas en diciembre de 1962, en las que el profesor Juan Bosch fue electo a la presidencia de la República con un discurso que tomó distancia tanto de la Unión Cívica Nacional como del 14 de Junio. Se eligieron también, por supuesto, nuevos representantes a las cámaras legislativas y a los gobiernos municipales. En ese contexto se llevó a cabo un proceso constituyente que desembocó en la emblemática Constitución de 1963, expresión de un constitucionalismo social novedoso en la historia política dominicana.

Lo que no pudo llevarse a cabo fue la “segunda transición”, según la terminología de O´Donnell, la cual consiste en la consolidación de un régimen democrático estable y duradero con instituciones cada vez más fuertes y funcionales. El proceso de la “segunda transición” fue muy pronto abortado con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, siete meses después de la toma de posesión de Bosch, en medio de una sociedad polarizada, con sectores de derecha que conspiraron desde el primer momento contra el nuevo gobierno y -debe decirse también- con un liderazgo político en el gobierno y en las cámaras legislativas incapaz de lidiar con los antagonismos que emergieron en la sociedad dominicana en un contexto marcado por la gravitación de la Revolución cubana en el entorno regional y la obsesión anticomunista de muchos sectores de la sociedad dominicana. Por demás, muchas de las estructuras del poder trujillista estaban todavía intactas ya que la incipiente transición no incluyó un proceso de reformas significativas de las instituciones políticas y militares del régimen.

Esto explica por qué no es válido hablar de una transición democrática en la República Dominicana que tuvo como punto de partida el 31 de mayo de 1961 y siguió en ascenso en una línea de continuidad ininterrumpida hasta el presente ignorando las rupturas, las crisis y los giros no democráticos que tuvieron lugar poco tiempo después del primer experimento democrático tras el fin de la larga dictadura de Trujillo. En cualquier caso, es evidente que la experiencia dominicana en aquella dramática coyuntura política post-Trujillo tiene muy poco en común con la actual experiencia venezolana. Queda pendiente seguir reflexionando en esta columna sobre las fases sucesivas del zigzagueante proceso político hacia la construcción de un sistema democrático en la República Dominicana.