Haití, doble desafío

La reciente decisión del gobierno de El Salvador de enviar a más de dos millares de soldados a Haití, con objeto de rescatar a los 4 técnicos salvadoreños desaparecidos por las pandillas, es valiente y no está exenta de riesgos.

Obedece a la lógica que permitió la consolidación de los estados: el uso de fuerza de más poder para imponerse sobre grupos.

En el caso no improbable de que el contingente salvadoreño enfoque su mira en la erradicación de las pandillas como reacción al agravio sufrido, constituiría una de las pocas oportunidades de avanzar en la reconstitución de Haití, dada la reluctancia de la comunidad internacional a participar en una solución efectiva.

Esa posibilidad obliga a la República Dominicana a reforzar su sistema de vigilancia y seguridad ante las consecuencias que pudieran desprenderse de una lucha frontal con las pandillas haitianas. 

No puede ignorarse el poder acumulado por esos grupos. Poseen ventaja en el conocimiento del entorno. Y podrían verse obligados a buscar refugio y acercarse a los espacios naturales que los delimitan. Arrimarse a la frontera y cruzarla les podría resultar tentador, a la luz de su permeabilidad. Esto plantea un fuerte desafío externo al Estado dominicano.  

Las autoridades afirman que están en control absoluto de la situación. Tranquiliza, pero no excluye mantener la firmeza en la vigilancia y una adecuada proporción en la fuerza de contención desplegadas.

La incógnita reside en la capacidad, resistencia, ética y moral de una tropa dominicana sometida a largos años de suave rigor militar, con habilidades no demostradas para enfrentarse a grupos acostumbrados a sobrevivir en condiciones límites, sedientos de conquistar prebendas y mejores condiciones de vida.

Al país, en disfrute de decenios de paz, normalidad democrática y razonable desempeño económico, le resultaría catastrófico someterse a un período de inestabilidad causado por las amenazas que se originen en la línea fronteriza.

Si así ocurriera se pondría en riesgo la evolución de las actividades productivas, incluyendo al turismo, sensible a las perturbaciones. También el desenvolvimiento del mercado laboral.

Por lo tanto, no cabe vacilación alguna. Solo cabe cerrar filas en torno a las decisiones gubernamentales dirigidas a preservar lo ya ganado por esta sociedad. Y el apoyo a las medidas de contención en la frontera, por fuertes que parezcan.

Es imprescindible mantener la paz y el orden aquí, en la República Dominicana, de modo que encuentre reflejo en Haití. Y no lo contrario, o sea tolerar por más tiempo el desorden y crisis en Haití hasta que termine por desordenar la economía dominicana, trastornar el clima de paz y dañar el desempeño democrático.

Esa es la esencia del asunto. Y aunque muchos no quieran entenderlo, ante la misma no caben medias tintas.

La acción motorizada por El Salvador puede resultar un bálsamo curativo. Siendo así lo sensato es aprovechar el viento favorable, brindarle todo el apoyo posible y hasta algo más, hasta lograr que el país vecino recupere el orden, reconduzca su economía y logre condiciones de vida más auspiciosas para su pueblo.

El desafío también es interno. El peligro no es solo el de las bandas ubicadas en Haití. Existe otro, en potencia, de igual envergadura. Requiere que se le preste la atención que merece.

En efecto, existe una población haitiana de residencia ilegal en el país, esparcida en urbes y campos. Hay que intensificar los operativos de inteligencia para impedir que se creen células de apoyo a las bandas del país vecino. La sola posibilidad de que ocurra debe mantener a la nación en alerta máxima.

Lo indispensable, además de lo anterior, es poner en vigencia una estrategia nacional para reconvertir y nacionalizar el mercado de trabajo. Es lo que se requiere. 

Deportar a los indocumentados es parte de la solución, pero si regresan de nuevo porque existe una demanda de trabajo que los encubre, solo se estaría poniendo tiritas sanitarias para curar una herida profunda infectada. Hacer lo que es inefectivo equivale a permitir que el problema siga agravándose.

La solución va más allá del acto de deportar. Implica reordenar el mercado laboral. Fortalecer el mercado formal. Establecer reglas punitivas drásticas que obliguen a las explotaciones económicas a recomponer progresivamente la relación 80/20 de dominicanos por extranjeros y afiliarlos a la seguridad social.

Y también crear los estímulos para que el dominicano retorne al trabajo en la agropecuaria, la construcción y los servicios, incluyendo la modificación de lo estipulado sobre la cesantía para facilitar empleos fluidos y con protección social.