Entre el interés público y el privado

Nosotros debemos aceptar que, en el gobierno como en cualquier forma de comercio, la gente perseguirá sus propios intereses privados, y que ellos alcanzarán metas razonablemente muy cercanas a aquellas de los accionistas de empresas o de los ciudadanos solo si es en su interés privado hacer eso. La primacía del interés privado no es inconsistente con la observación de que la mayoría de la gente, en adición a la búsqueda de sus intereses privados, tiene algunos instintos caritativos, alguna tendencia para ayudar e involucrarse en actividades moralmente correctas. Gordon Tullock, The theory of public choice, 2005

Definitivamente, hay un interés público y un interés privado. Se presume que el primero es defendido por quienes desempeñan funciones públicas, mientras que el segundo se corresponde con las acciones de individuos y empresas que persiguen la maximización de sus propios beneficios. No hay porqué concluir, sin embargo, que siempre se da una contraposición entre ambos intereses; de hecho, los intereses privados pueden encajar perfectamente con los intereses de la colectividad. La provisión de bienes y servicios indispensables para satisfacer necesidades sociales es una buena muestra de la compatibilidad entre lo público y lo privado.

Aunque es claro que los particulares buscan su interés propio, no es tan claro que los burócratas públicos -elegidos o designados- persigan el interés de la colectividad. A simple vista es difícil encontrar razones que nos aseguren que un individuo al que atribuimos un cierto grado de egoísmo se transforme -una vez en la función pública- en un individuo diferente y asuma el bien común como el referente de sus decisiones. No negamos que sea posible la encarnación de funcionarios públicos -en cualesquiera de los poderes del Estado- que se sitúen por encima de sus intereses propios; lo que queremos significar es que no debemos dar por seguro que siempre se comportarán de esa manera, y que probablemente lo más frecuente sea que actúen para maximizar sus propios beneficios. Aun en el caso de que haya una identificación con el interés común, tampoco hay garantías de que las decisiones que adopten sean consistentes con ese propósito.

¿Cuál es el propósito de un funcionario que llena la nómina de su ministerio con decenas de miles de empleados innecesarios? ¿El bien común? ¿El interés personal o partidario? ¿Cuál es el propósito de nombrar 38 subdirectores en una institución relativamente pequeña? Ciertamente, no se trata de preservar el interés público; por el contrario, eso tipifica como una burla a los contribuyentes que son objeto de mayores sacrificios impositivos.

¿Cuál es el propósito de involucrar al Estado en un proyecto de generación de energía sin una clara sustentación económico-financiera? ¿interés personal o de grupo? Ante la ausencia de una solidad justificación económica, el proyecto de Punta Catalina se ve en la obligación de apelar a los sentimientos «patrióticos» para que la opinión pública «perciba» lo «conveniente» que es ese proyecto para el interés nacional. Y ahora resulta que se oficializa el tranque financiero de dicho proyecto cuando en el presupuesto del 2017 se incluye una partida que supera los 45 mil millones de pesos en forma de aportes privados, que técnicamente no se considerarán como endeudamiento público, sino como ingresos de capital. Pero, es difícil imaginar que inversionistas privados coloquen competitivamente sus recursos en un proyecto que se ha caracterizado por la falta de transparencia y que se desconoce -al menos, públicamente- la estructura financiera -inversión inicial, costos e ingresos futuros- que daría sostenibilidad a un proyecto que corre el riesgo de convertirse en el mayor fiasco financiero en la historia de las finanzas públicas dominicanas.

Cuando se observa el predominio de los intereses particulares o de grupos en las decisiones de políticas públicas resulta entendible que el Foro Económico Mundial -en su más reciente reporte de competitividad, 2016-2017- coloca a la República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo, apenas superado por un pequeño número de naciones. Específicamente, los factores que mayormente obstaculizan la realización de negocios en nuestro país son la corrupción (18.8%), las tasas y las regulaciones impositivas (16.4% y 7%, respectivamente) y una ineficiente burocracia gubernamental (12%); es decir, que estos factores explican más del 50% de la percepción que se tiene sobre lo problemático que es hacer negocios en la República Dominicana. Otros factores problemáticos son los bajos niveles de educación de la fuerza laboral (11.8%) y el acceso al financiamiento (8%).

En este contexto, el nivel de las instituciones dominicanas es colocado en un peldaño sumamente bajo (lugar 123 de 138 países evaluados), al percibirse que los fondos públicos sufren de una gran desviación (lugar 133), que los políticos no son confiables (lugar 130), el favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos (lugar 128), independencia de la justicia (lugar 127), pagos irregulares y sobornos (112), y dispendios en el gasto del gobierno (111), entre otros.

Detrás de un cuadro tan generalizado de bajos niveles de institucionalidad están los individuos que toman decisiones en nombre del bien común, y que aplican a su antojo las reglas que están supuestas a normar sus conductas, bajo la protección de un régimen judicial que tiene un ojo abierto para discriminar con precisión. Por eso, no deja de ser una romántica ilusión asumir que quienes gobiernan lo hacen guiados por la «mano invisible» del interés público; casi siempre lo hacen con una mano en el corazón y la otra en el bolsillo del contribuyente.

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