Salvar nuestro arroz
La Cámara de Diputados ha solicitado por resolución, la mediación del presidente de la República para que el arroz sea excluido de la liberación arancelaria del DR-CAFTA.
LA AMENAZA. El hecho es que conforme dispone el Tratado de Libre Comercio, ratificado por 5 países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), la República Dominicana y los EE. UU.. mejor conocido como DR-CAFTA, en el 2025 se producirá el desmonte arancelario total del arroz -que viene ejecutándose desde 2016- lo que en concreto significará la apertura total para que se pueda importar el arroz norteamericano hacia el mercado local.
COMPETENCIA DESLEAL. La verdad cruda es que los productores dominicanos de arroz no pueden competir con los productores de arroz norteamericanos. Y no se trata de ineficiencia de los nuestros –que han tenido un constante aumento de la productividad— sino que además de aquélla ser una producción a gran escala, el productor norteamericano bajo la protección de su ley agrícola recibe subsidios bajo el esquema de precios de sustentación, lo que le permite vender su arroz por debajo de su costo real de producción. El productor de arroz dominicano no recibe subsidio estatal. La liberalización total de la importación, en esas condiciones, daría lugar a una competencia desleal y a la desaparición de la producción local de arroz. En el 2017, los productores de arroz norteamericanos recibieron solo en subsidios, 811 millones de dólares, cifra que es casi el doble del valor de la producción de arroz del país en ese año.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. En la actualidad la producción de arroz local representa el 97% de todo el arroz que consumen los dominicanos. Es decir, somos autosuficientes, lo cual es de mucha importancia si tomamos en cuenta que el arroz es el principal producto de nuestra dieta alimenticia. Investigaciones realizadas estimaban ya para el 2013 un consumo per cápita de 127 libras de arroz anual, siendo uno de los promedios de consumo de este cereal más alto de la región latinoamericana. La relevancia de ser autosuficientes en la producción de arroz quedó demostrada en medio de la pandemia del COVID 19, cuando cada país puso restricciones a la importación de su producción para proteger a sus nacionales. ¿Cuál hubiera sido nuestra situación alimentaria si hubiésemos dependido de la importación de arroz? Un caso que nos puede servir de espejo es el de México. Luego de su ingreso al NAFTA, se redujo la siembra y el número de productores en un 87% y un 88%, respetivamente, resultando que ahora ese país importar el 90 % del arroz que consume.
TRASCENDENCIA SOCIAL. La producción de arroz en el país comprende unos 30 mil productores, de los cuales el 45% son parceleros de la reforma agraria con fincas que pueden ir de 20 a 75 tareas. La producción de arroz es la actividad agrícola principal o está presente en 21 de las 32 provincias, comprendiendo unos 35 municipios. Para el 2019 abarcaba 3.1 millones de tareas. En la provincia Duarte están dedicadas a la producción de arroz, 398,181 tareas; en Monte Cristi, 196,445; en La Vega, 180,700; en María Trinidad Sánchez, 144,000; en Valverde, 109,034; en San Juan 78,571, para solo enumerar las 6 principales provincias productoras de arroz. La producción de arroz representa el 10% de toda la producción agrícola. Por el volumen y su extensión, la producción de arroz es la principal actividad agrícola del país. Hay que agregar que en la producción final del arroz participan también unas 300 empresas de molienda. La producción de arroz en su conjunto genera 80 mil empleos directos y unos 320 mil empleos indirectos. Estas cifras representan el 14% del empleo en el sector agrícola.
El IMPACTO ECONÓMICO. Además de su alcance social, la producción de arroz es la actividad económica de mayor impacto en el campo dominicano. En la actualidad el país está produciendo anualmente 14 millones de quintales de arroz que en términos de su comercialización final equivale a unos 28 mil millones de pesos. Es decir, la producción de arroz representa para el país cerca de 500 millones de dólares o divisas que no hay buscar para su importación.
QUÉ HACER. La revisión del TLC, en lo que respecta al desmonte arancelario del arroz podría fundamentarse en que las condiciones actuales son muy diferentes de las que motivaron, en su momento, la firma del tratado, muy particularmente por la nueva realidad luego de la pandemia del COVID 19. También está lo relativo a la competencia desleal que significaría poner a competir al productor local con el productor norteamericano a quien le subsidian su producción. La otra opción de negociación es la que se invoca en la resolución de la cámara de diputados, antes referida, que reproduce parte de las recomendaciones de la consulta legal hecha por la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) sobre los procedimientos internos en EE. UU. para modificar tratados comerciales y que figura en el dossier que preparó sobre el tema y del que he extraído parte de la información de este artículo. Conforme la propuesta que se hace en dicha consulta, la RD puede plantear ante la comisión de Libre Comercio del DR-CAFTA, basándose en los artículos 3.18 y 18.1 del tratado, la extensión de la medida de salvaguarda agrícola más allá de 2025, basándose en el precedente que estableció esa comisión por su decisión del 23.02.2011, sin que haya necesidad de remisión del tratado al congreso de los EE.UU.
EPÍLOGO. Es impensable el escenario que se presentaría en el país si desaparece la producción de arroz del campo dominicano. Hay que imaginar el impacto que tendría en la población de los 35 municipios de las 21 provincias donde se cultiva. Se generaría un espiral de desempleo, despoblación, migración, pobreza, marginalidad, hambre, delincuencia. Además, significará la pérdida de la cultura productiva acumulada en ese rubro, junto a nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
Es el momento, y no queda mucho tiempo, para que los sectores afectados generen una gran movilización nacional para concienciar a la opinión pública, para colocar esta demanda en la agenda política y económica, al tiempo de exigir al Gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores asumir la justa causa de SALVAR NUESTRO ARROZ.