¿Y ahora?

El país cambió. Sin dudas no somos los mismos de antes del 16 de febrero. Ese día, talvez como nunca antes, nos reconocimos en nuestra desnudez. Nos vimos tal cual somos: “Un país que no merece el nombre de país.” Sentimos en carne viva la burla del poder. Palpamos que a sesenta años del ajusticiamiento aún no tenemos derecho a elecciones sin fraude y sin traumas. Y desde entonces, un aliento nuevo recorre el cuerpo social dominicano. Nuestra juventud se apropió de este presente, dejando atrás toda la fraseología que la relega al futuro. Está actuando por sí y sobrados motivos tiene. Está consciente de la naturaleza de un régimen que le niega oportunidades y la expulsa al extranjero. Esa juventud cuya mayor aspiración es vivir en un país decente; que abomina de la corrupción de los políticos y partidos que han gobernado y se enriquecen ilícitamente. Es enemiga de la impunidad. No quiere una Justicia y ministerio público secuestrados. Aspira a un Congreso que fiscalice al hoy poder omnímodo del Ejecutivo. Esa juventud milita cada día más en la protección integral del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático.

Las manifestaciones que todos los días se suceden, evidencian una sociedad que está liberando la energía acumulada por décadas. Se inauguran nuevas formas de lucha, todas pacíficas. La reunión cada noche en la Plaza de la Bandera, precisamente frente al órgano electoral, la ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia. Cientos de dominicanos se congregan en el extranjero levantando la bandera que les da identidad. Encendido de velas frente a las juntas municipales y parques en todo el país. Un enjambre de cacerolas, en armónica sinfonía, repica todas las noches a lo largo y ancho del territorio nacional.

Estos no son ‘los 10 días que conmocionaron el mundo’ pero sí los que sintetizan más de una década de luchas contra el régimen antidemocrático y corrupto impuesto por el peledé. Loma Miranda. El 4% del PIB para la educación. Los Haitises. Odebrecht y Punta Catalina. El déficit fiscal de 2012. El contrato de la Barrick Gold. La lucha en San Juan y en toda la región del Valle contra la minera Gold Quest; también contra la explotación de la sierra Bahoruco y la autorización ilegal para construir en la zona protegida de Cotubanamá.

Es claro que estas movilizaciones son el producto de una ciudadanía, cada vez más consciente, de que en un país donde las instituciones no funcionan y los poderes que deben arbitrar el conflicto social están secuestrados por el oficialismo, entonces la única forma de someterlos al respeto de la legalidad es mediante la movilización permanente y creciente. Solo desde esa movilización se pueden crear las condiciones de presión para que las autoridades no se equivoquen y, si lo hicieran, reciban la respuesta contundente de la ciudadanía, asumiendo que la soberanía descansa en el pueblo.

Si algo es evidente en la nueva situación que vivimos es la decisión de ruptura de las mayorías con el régimen peledeísta. Se perdió el miedo. La actitud de la gente es a ponerle fin al régimen instaurado por el peledé en sus casi 20 años de gobierno. Es tan grave el continuismo de Danilo, a través de su candidato testaferro, como la rehabilitación de quien presidió tres gobiernos del peledé que arrastran escandalosos actos de corrupción y de impunidad, de secuestro de la Justicia, del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la JCE; de un acelerado e irresponsable endeudamiento público; de haber modificado la Constitución para su reelección y para consolidar su control sobre el Consejo Nacional de la Magistratura.

La pregunta obligada es cómo hacer que toda esta energía desatada y conciencia sintetizada, no se diluya como desahogo colectivo, sino que dé paso al cambio democrático aspirado por la mayoría de la ciudadanía. Lo primero es ponernos de acuerdo en que sacaremos al peledé del poder por vía democrática, esto es, derrotándolo en las elecciones del próximo 15 de marzo y 17 de mayo. Lo segundo es hacer conciencia de que la única forma de garantizar elecciones limpias y apegadazas a la legalidad es sometiendo a las autoridades a la presión de la movilización ciudadana y popular, manteniendo vigente el reclamo de que se esclarezca lo sucedido el 16 de febrero y que se les aplique todo el peso de la ley a los responsables. Tercero: No ceder un milímetro en seguir exigiendo a las autoridades someterse al respeto de la legalidad electoral. En este sentido: reaccionar ante toda utilización de recursos públicos a favor del candidato oficial o compra de votos; exigir la instalación de la procuraduría especializada y persecución de los crímenes y delitos electorales, dirigida por un fiscal independiente. Cuarto: ir a votar masivamente y, quienes puedan, participar como delegados en los colegios electorales. Quinto: prepararnos para la defensa de la voluntad popular. Que nadie olvide que aún ganando habrá que sacarlos del poder, pues ellos están conscientes de que tendrán que responder por sus casi 20 años de corrupción y abuso de poder.