El dolor de madre que nadie escucha

Hay dolores que no caben en una estadística. El de una madre que pierde a su hijo es uno de ellos. Pero cuando esa muerte ocurre durante una intervención policial, al sufrimiento se añade una pregunta que puede perseguirla toda la vida: ¿era necesario matarlo?

En la República Dominicana, las muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales se han convertido en noticias recurrentes. Las notas de prensa oficiales hablan de intercambios de disparos, enfrentamientos y presuntos delincuentes abatidos. Detrás de esas expresiones, repetidas hasta perder su capacidad de conmover, quedan madres que nunca volverán a escuchar la voz de su hijo llamándolas desde la puerta.

Imagino a esas mujeres mirando fotografías, conservando conversaciones de WhatsApp, abrazando una camisa que todavía guarda el olor de sus hijos (buenos o malos, según hayan sido tipificados por la misma sociedad). Algunas lloran en silencio. Otras encuentran fuerzas para denunciar lo que consideran una ejecución. Muchas temen hablar porque saben que, además de enfrentar la muerte, tendrán que soportar el juicio de una sociedad que suele preguntar primero qué hizo el muchacho antes de preguntarse cómo murió.

Ninguna madre debería tener que demostrar que su hijo era bueno para reclamar que se investigue su muerte.

Porque, incluso, cuando alguien ha cometido delitos, conserva derechos. La justicia no puede depender del historial de una persona ni de la valoración moral que otros hagan de su vida. Para eso existen los tribunales, las leyes y las garantías constitucionales. La Policía está llamada a proteger a la ciudadanía, prevenir el delito y detener a quienes infringen la ley, no a sustituir a los jueces.

Resulta especialmente doloroso escuchar testimonios de madres que aseguran que sus hijos estaban desarmados o que pudieron ser arrestados. Sus afirmaciones merecen investigaciones independientes, rigurosas y transparentes. También deben examinarse las circunstancias de cada actuación policial, porque no todos los casos son iguales ni toda intervención constituye una ejecución extrajudicial.

Pero ninguna muerte debería despacharse únicamente con una versión institucional.

Pienso en las madres que esperan una investigación que nunca parece concluir. En aquellas que recorren oficinas buscando respuestas, mientras la vida continúa para todos, menos para ellas. En las que deben aprender a convivir con la ausencia y, además, defender la memoria de sus hijos.

La seguridad ciudadana es una necesidad legítima. Nadie quiere vivir bajo la amenaza de la delincuencia. Sin embargo, combatirla exige profesionalidad, proporcionalidad y respeto por la vida. La eficacia policial no debería medirse por la cantidad de muertos, sino por su capacidad para prevenir delitos y llevar responsables ante la justicia.

Una sociedad no se vuelve más segura cuando normaliza la muerte. Quizás debamos escuchar más a esas madres. No para justificar delitos, sino para recordar que detrás de cada expediente hay una familia destrozada.

Y que ninguna madre debería enterrar también su derecho a conocer la verdad.