Un arancel injusto

La Casa Blanca había planificado una gran celebración el próximo 2 de abril. Se cumpliría un año del denominado “Día de la Liberación,” fecha en la que el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles recíprocos cuyo objetivo era liberar a Estados Unidos de las prácticas comerciales que el mandatario estimaba injustas. La conmemoración pretendía resaltar los logros económicos relacionados con el crecimiento de la producción nacional, la creación de puestos de trabajo en la actividad de manufactura, el déficit de las cuentas externas, el saldo de las finanzas públicas y los acuerdos de inversión extranjera por montos multimillonarios.  

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos alteró esos planes. Como resultado de la impugnación del uso de poderes de emergencia para imponer tales aranceles recíprocos, el Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero, por seis votos contra tres, que el presidente Trump carecía de autoridad legal para aplicar esas tarifas al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

La sentencia, redactada por el presidente del Tribunal John Roberts, subraya que los padres fundadores de Estados Unidos en ningún momento otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad de cambiar los impuestos a los bienes importados de forma discrecional, competencia que corresponde al Congreso. Con términos precisos escribió el magistrado Roberts: “los redactores [de la Constitución] otorgaron al Congreso en exclusiva…el acceso a los bolsillos del pueblo” y añadió que “cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos.” De manera que las medidas de Trump excedieron el mandato que le confiere la Constitución y, en consecuencia, han sido anuladas.  

La reacción política y de los mercados ha sido inmediata. Ante la expectativa de que la eliminación de los aranceles recíprocos mejore el flujo de efectivo de los importadores de bienes intermedios y finales, los tres principales índices bursátiles registraron subidas significativas. El mercado prevé que la supresión de las tarifas se traducirá en una mejora del flujo de efectivo de las empresas, lo que elevará las cotizaciones bursátiles. También se anticipa, en algunos casos, una reducción de precios y una menor presión de traslado de los costos arancelarios a los precios finales. Ese escenario facilitará el trabajo a la Reserva Federal en su objetivo de alcanzar la meta de inflación de forma más fácil y rápida. Si esto se materializa, la Fed tendría espacio para aplicar una reducción de la tasa de interés de mayor magnitud a la que hoy anticipan los mercados.  

El optimismo de quienes invierten en las empresas que utilizan insumos importados es lógico, dado que diversos estudios, entre los que se encuentra uno elaborado por la Reserva Federal de Nueva York, demuestran que más del 90 % de los aranceles impuestos por la Casa Blanca recayó sobre los importadores y los consumidores. Los hallazgos de esas investigaciones contradicen la postura oficial según la cual son los países exportadores los que cargan con el costo de los nuevos aranceles. Ante esa evidencia empírica, algunos grupos empresariales estadounidenses, como la Federación Nacional de Detallistas, han comenzado a reclamar la devolución de los 142 mil millones de dólares pagados por concepto de aranceles recíprocos desde mediados de 2025. No obstante, Scott Bessent, secretario del Tesoro y uno de los principales arquitectos de la política económica de la Casa Blanca, declaró que es poco probable que el reembolso de esos recursos se realice en el corto plazo.

Por su parte, Trump no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado viernes, tan pronto se conoció el dictamen judicial, criticó con dureza a los miembros de la Corte Suprema. Más tarde anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 10 % (que el sábado elevó al 15 % para igualarlo a lo acordado con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea). Ese nuevo gravamen sustituiría temporalmente los aranceles recíprocos declarados ilegales por la justicia estadounidense.

Trump manifestó que, una vez vencido el período de aplicación del arancel transitorio del 15 %, recurrirá a la Sección 301 de la misma ley para adoptar medidas arancelarias de mayor permanencia, sujetas a investigaciones individualizadas para determinar la existencia de prácticas de comercio desleal. Ese tipo de propuesta comercial significa que la incertidumbre de la política arancelaria se prolongará en los próximos meses, lo que podría frenar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus socios comerciales.

En medio de esa coyuntura arancelaria se encuentra la República Dominicana. Una nación que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a principios de este siglo y ha sido durante más de cien años un socio importante y fiable, tanto en lo político como en lo económico. El comercio bilateral genera un superávit superior a los 5,000 millones de dólares a favor de la economía estadounidense, mientras que la cooperación dominicana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha sido constante y decisiva. Incluso autorizó el uso de sus instalaciones civiles y militares para facilitar la operación que permitió extraer de Venezuela a quien es considerado como uno de los jefes del cartel de los Soles.

Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que se imponga sobre las exportaciones dominicanas carece de justificación económica y política. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio desplegar una estrategia diplomática inmediata y bien articulada. El objetivo debe ser la eliminación del gravamen anunciado y el respeto del acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países, tal como ha ocurrido con México y Canadá. La República Dominicana cuenta con argumentos sólidos, una trayectoria de cooperación ejemplar y un historial comercial favorable a Estados Unidos; es momento de utilizarlos con determinación para asegurar que el país no sea penalizado con un arancel del todo injusto.