Con los pies en la tierra

Existe una alta probabilidad de que, a partir de junio, la situación del mercado internacional de combustibles empeore. El cierre del flujo de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz ha obligado a varios países de Asia y de Europa a recurrir a sus reservas, que podrían alcanzar niveles críticos en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Ese escenario se traduciría en un déficit en el mercado de petróleo cercano a los 12 millones de barriles diarios. 

En un contexto de esa naturaleza, los precios de dichos productos aumentarán con rapidez para que la demanda se ajuste a la oferta disponible. En el artículo “Apocalipsis petrolero,” publicado el 16 de marzo en esta columna, se advirtió que la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los miembros del G-7 contribuiría a estabilizar de manera transitoria los precios, pero el desabastecimiento prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares el barril. Esa posibilidad llevó al director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, a declarar el 6 de abril que el conflicto bélico en Medio Oriente ha desencadenado la mayor crisis de combustibles de la historia.

A pesar de la situación internacional descrita, algunos funcionarios del gobierno dominicano sostienen que el plan ejecutado por las autoridades ha tenido un buen resultado económico, ya que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precios,” afirmación que no se corresponde con los datos del Banco Central. Además, destacan que, acumulado a marzo, se alcanzó una tasa de crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) de un 4.1 % —superior al 2.8 % registrado en el primer trimestre de 2025— y la tasa de inflación se situó en 4.63 %. A su vez, puntualizan que los ingresos por remesas, turismo y exportaciones de bienes han mostrado un comportamiento muy positivo, lo que ha contribuido al aumento de las reservas internacionales y a la apreciación del tipo de cambio en más de un 5 % en lo que va de año, hasta colocarse alrededor de los 60 pesos por dólar.

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. En la línea con lo planteado en el artículo “El impacto negativo del conflicto del Medio Oriente,” publicado el 2 de marzo en esta columna, el ministro de Hacienda declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. En dicho ensayo se advirtió que “los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos.” Tras el citado Consejo, el Ministerio de Industria y Comercio publicó que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50 % del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos. Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas.

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados.

Por otro lado, se requiere impulsar acciones que eleven los ingresos tributarios. Una de ellas es renegociar con la empresa Barrick Gold el marco tributario vigente, con el fin de restablecer el diseño original del Impuesto Mínimo Anual (IMA). El objetivo es llevar la tasa efectiva de un 13.39 % a la que debería prevalecer según el acuerdo del año 2013 que, con un precio del oro de cinco mil dólares por onza troy, sería igual a un 38.55 %. Esos ingresos adicionales, que alcanzarían varios centenares de millones de dólares, resultan cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.

Las recomendaciones aquí planteadas contrastan con la postura de algunos funcionarios. Estos proponen recurrir al endeudamiento externo para financiar el aumento del déficit público derivado de la decisión de subsidiar la mayor parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Aseguran que el gobierno dispone de margen de endeudamiento, pero olvidan que los tenedores de deuda pública no estarán dispuestos a financiar el despilfarro de recursos que implica el mantenimiento de un precio subsidiado de los combustibles en el mercado local. Hace unos días, Fitch Ratings mantuvo en BB- el crédito soberano, pero revisó la perspectiva de positiva a estable debido a la desaceleración económica y al deterioro de las finanzas públicas. La ruptura de la confianza de los inversionistas podría provocar una parada súbita (“sudden stop”) de los flujos de capitales provenientes del extranjero, con el consiguiente riesgo de crisis de deuda soberana y de una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tal como advirtió el profesor Guillermo Calvo en los años noventa.

Por último, conviene que las autoridades promuevan, con los pies en la tierra, el ahorro de los combustibles más allá del ajuste que provocará el aumento de los precios en el mercado local. Muchos países fomentan el teletrabajo, la enseñanza virtual, el uso compartido del vehículo y el transporte público. Todas esas medidas contribuirían a mejorar el saldo de las cuentas externas, fortalecer las finanzas públicas y a sostener el nivel de crecimiento económico.