Las medidas fiscales de Abinader

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un conjunto de medidas fiscales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y propiciar, a la vez, un entorno favorable para la expansión de las actividades productivas.

El vertiginoso aumento de los precios internacionales de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente, ha deteriorado los términos de intercambio de los países importadores netos de esos bienes. En consecuencia, los gobiernos han adoptado medidas diversas para enfrentar el choque de oferta negativo. Algunos, como Panamá, Honduras y Perú han traspasado la mayor parte de los incrementos de precios internacionales al mercado interno, mediante ajustes de precios entre un 45 % y un 60 %.

En el caso dominicano, los precios se elevaron en un 15 %, decisión que supone un sacrificio fiscal que asciende a 20 mil millones de pesos en lo que va de año. De mantenerse el precio del petróleo entre 90 y 100 dólares por barril, se proyecta que el subsidio a los combustibles supere los 45 mil millones de pesos durante 2026. Paralelamente, el gobierno ha subsidiado productos específicos, como los fertilizantes, para evitar aumentos excesivos en los costos de producción. Esa iniciativa, junto con una tarifa congelada de electricidad y la apreciación del peso dominicano, ha permitido que la inflación interanual a mayo haya sido de apenas un 5.35 %.

Con el fin de evitar que el déficit público sobrepase el 4 % del producto interno bruto (PIB) y asegurar la sostenibilidad fiscal, resulta necesario reducir los gastos e incrementar los ingresos. En ese sentido, el ministro Díaz anunció recortes en publicidad, viáticos, pasajes, eventos y vehículos, entre otros conceptos considerados no prioritarios. Es recomendable, no obstante, que las autoridades publiquen dichos ajustes y comuniquen a la nación cómo prevén alcanzar la meta anunciada de reorientar 40 mil millones de pesos de gastos durante este año.

En cuanto a los ingresos fiscales, conviene aclarar que las medidas propuestas por Hacienda no constituyen una reforma tributaria. Para que realmente lleguen a serlo, las disposiciones deben suponer una reestructuración del sistema impositivo capaces de convertirlo en más neutral —esto es, menos distorsionador de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos—, más justo —garante de la equidad vertical y horizontal— y dotado de eficiencia recaudatoria. El gobierno reconoce que en la coyuntura actual no es posible llevar a cabo una reforma tributaria que implique modificaciones de las tasas y exenciones de las figuras impositivas de amplia base, como el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS).

Las disposiciones tributarias presentadas tienen una capacidad recaudatoria limitada, pues se proyecta ingresar poco más de 40 mil millones de pesos. Las autoridades tienen especial interés de que sean los contribuyentes más ricos quienes colaboren más con ese aporte fiscal. La decisión se justifica debido a que el 20 % de la población con mayores ingresos se beneficia de una suma equivalente a casi el 50 % del subsidio total a los combustibles. 

La propuesta de Hacienda plantea un incremento de tres puntos porcentuales —hasta situarla en un 30 %— de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas con ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales. Asimismo, se crea un tramo de impuesto sobre la renta de personas físicas con una tasa de un 27 % para los salarios superiores a los 400 mil pesos mensuales. Ambas iniciativas dejan al 99 % de los contribuyentes sin cambios en su impuesto sobre la renta, resultado que eleva la progresividad del sistema tributario. No obstante, hay que señalar que dichas tasas son muy elevadas y, por tanto, distorsionan las decisiones de los agentes económicos; en particular, se llega a una alícuota efectiva sobre los beneficios empresariales de un 37 %, si se incluye el impuesto sobre los dividendos.

Hay que destacar que las personas físicas de menores ingresos se beneficiarán de las medidas de Hacienda porque el tramo que define la renta mínima exenta se indexará en un 15 %, lo que equivale a un aumento del ingreso disponible. Por su parte, las empresas se beneficiarán de la depreciación acelerada que favorecerá la inversión y promoverá el crecimiento económico.

El ministro Díaz propone que se incremente de 0.15 % a un 0.20 % el impuesto sobre los cheques y transferencias bancarias. Ese tipo de tributo se utiliza cuando existe una crisis fiscal y se han agotado las opciones para aumentar las recaudaciones. Es un impuesto de amplia base y de fácil administración, ya que los bancos retienen y envían los recursos periódicamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin embargo, al recaer en las diferentes etapas de la producción y la adquisición de bienes, servicios y activos pagados a través de cheques y transferencias, constituye un impuesto en cascada y, por tanto, distorsionador.

Las autoridades deben considerar que, cuanto más elevada sea la tasa del impuesto, mayor será el incentivo para eludirlo o evadirlo, lo que podría reducir la capacidad recaudatoria. Algunos recurren a transacciones en efectivo o, con el apoyo de los bancos, crean cuentas para realizar operaciones cambiarias sin pagar el impuesto. Para evitar que se encarezcan las operaciones de compra y venta de títulos financieros, se abren cuentas de inversión cuyos movimientos internos están exentos del gravamen. Todo ello revela que los grandes contribuyentes disponen de más instrumentos para eludir el impuesto, circunstancia que acentúa su regresividad.

Debido a su carácter no neutral y regresivo, junto con la erosión recaudatoria a lo largo del tiempo, se recomienda que el impuesto a los cheques y transferencias bancarias se utilice solo en situaciones fiscales extremas y por un plazo corto. En un sistema tributario óptimo, dicho gravamen no existiría o tendría una tasa mínima de manera que opere como una fuente de información que contribuya a reducir la evasión de otros impuestos.

En definitiva, las medidas fiscales de Abinader no constituyen propiamente una reforma del sistema impositivo, porque incluyen elementos distorsionadores y tienen escaso poder recaudatorio. Sin embargo, presentan componentes positivos, entre los que destaca una mayor equidad tributaria.