Los pactos políticos: un déficit para la democracia

“El perfil de una estrategia «políticamente dominante» debiera, sin embargo, ser claro. Es la política que maximiza la diferencia entre el número de beneficiarios que perciben la política como el mejor negocio y los perdedores que la perciben como el peor negocio… en el caso más general, los beneficiarios, por ejemplo, probablemente perciben como «mejor» a una política mientras mayores sean las ganancias per capita que prometen, y la política que reciba el mayor apoyo será aquella que maximiza el producto del número de beneficiarios y la fracción de éstos que la perciben como el mejor negocio.” Sam Peltzman, 1988

Sam Peltzman ha sido un distinguido profesor de la Universidad de Chicago que ha dedicado su trayectoria académica al estudio de la interacción entre gobierno y sector privado, en el marco de las regulaciones, reglas o normas que surgen de esa interacción. Es de los grandes precursores de las teorías de la regulación económica que conjuntamente con sus aportes en el área de la economía política lo convierten en un referente obligado para los estudiosos de la intersección entre economía, política y legislación.

El profesor Peltzman entiende que todo proceso de redistribución de riqueza patrocinado por el Estado genera ganadores y perdedores, y que aún en un régimen dictatorial la eliminación del disenso tiene un costo –económico, político o institucional, agrego yo- que obliga al dictador a incorporarlo en sus toma de decisiones. Precisamente, en el fondo de las negociaciones –y en la superficie también- que han concluido con una reforma constitucional que permitirá al presidente Medina repostularse a la Presidencia por una segunda y única oportunidad subyace la idea de lo costoso que es introducir una regla constitucional que históricamente ha sido catastrófica para nuestro país. De ahí la necesidad de agenciarse el mayor apoyo posible, incluso desde los literales políticos más inesperados: comenzando por sofocar la rebelión de un sector importante de su propio partido y terminando con recolección de los remanentes de los partidos que recientemente formaron parte de la tradición política dominicana.

Se trata, pues –la presente reforma constitucional-, de un ejemplo más de cómo los recursos del Estado son suficientes para doblegar los más férreos principios, ya sean supuestamente ideológicos, morales o de coyuntura. Los recursos del Estado, en sus distintas modalidades, son una fuerza avasalladora en países con instituciones tan débiles como en la República Dominicana. Y el presidente Medina debe estar muy consciente de ello, pues ha tenido, en su momento, la oportunidad de ser víctima, y ahora la de victimario. De hecho, un candado de las tres cuartas partes como requisito para la aprobación de la reforma constitucional no hubiese sido suficiente para lograr su rechazo.

Desde el punto de vista de la economía constitucional –Buchanan y Tullock, entre sus grandes contribuidores- la legitimidad de la regla constitucional depende, entre otros factores, de que los actores involucrados –patrocinadores y congresistas- no puedan anticipar el rol que estarán jugando cuando esa nueva regla sea aplicada. Pero resulta que de antemano el actual Presidente de la República como los miembros del Congreso Nacional conocen con la debida anticipación que serán beneficiarios directos de la reforma que acaban de aprobar. Si con el presidente Medina hemos tenido la lección aprendida de que un buen gobierno debe tener la oportunidad de re postularse para un segundo mandato, no es menos cierto que un cambio constitucional que definitivamente apoyamos debió tener efecto a partir del 2020, para que el interés institucional realmente primara sobre los intereses de grupos.

Los pactos políticos que han hecho posible la reforma constitucional tienen costos económico e institucional que se reflejan en la profundización del déficit de democracia que caracteriza al ejercicio de ciudadanía. Normalmente, esos pactos tienen justificación en momentos de crisis, en los que se requieren de grandes sacrificios que deben ser asumidos por todo el liderazgo nacional para que los costos políticos no sean un obstáculos a su implementación. Sin embargo, los pactos de la reforma han sido realizados –increíblemente- para dejar inalterado el statu quo.

La profundización del déficit de democracia se expresa inicialmente en el impacto negativo que estos acuerdos tienen al interior de los partidos políticos involucrados. Las decisiones de las cúpulas partidarias han sustituido lamentablemente a los procesos democráticos de renovación interna de esos Partidos, porque hay dirigentes que no se arriesgan, por temores entendibles, a someterse al escrutinio de sus bases. Peor aún, ese anquilosamiento de la democracia interna tiene un efecto negativo directo sobre la democracia en general, ya que la mayoría de los congresistas, alcaldes y regidores han asegurado, gracias a esos pactos, sus re postulaciones, cerrándole el paso a otros legítimos aspirantes; y de paso, privando a la ciudadanía del derecho de castigar a quienes habiendo sido elegidos no han cumplido con su sagrado deber.

La vulnerabilidad del pacto de los tres partidos que ocuparán las tres primeras casillas en la boleta electoral radica en la imposibilidad de asegurar que un votante coherentemente vote por la misma coalición en los niveles presidencial, congresual y municipal. Hay un gran espacio para una débil lealtad a lo pactado. Mientras tanto, el predominio del paradigma de que no hay una relación entre la ética y la política constituye una seria amenaza al presente y al futuro de la nación dominicana.