El turno del PRM
El mayor desafío del PRM es recuperar la confianza ciudadana
La principal responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no es solo gobernar, sino evitar que se profundice el deterioro de la confianza ciudadana en la política. El partido llegó al poder prometiendo romper con prácticas que durante años erosionaron la credibilidad institucional. Hoy, más que administrar presupuestos o ejecutar obras, su reto es demostrar que aquella promesa no fue un simple recurso electoral.
En 2020, el PRM alcanzó el Gobierno impulsado por la fragmentación del partido oficialista de entonces y por una narrativa de corrupción que impactó con fuerza en el electorado. Esas elecciones estuvieron marcadas por una baja participación, que descendió de 4,708,746 votantes en 2016 a 4,163,305, reducción atribuida en gran medida a la pandemia. Sin embargo, los resultados de 2024, con 4,429,079 votos emitidos pese a la incorporación de 1.4 millones de nuevos electores en el padrón respecto a ocho años atrás, reflejan un distanciamiento ciudadano que ya no puede explicarse solo por razones sanitarias.
Ese desapego ha sido relativizado por el PRM al destacar que su caudal de votos ha crecido de manera sostenida desde su fundación. Pero un partido en el poder no puede medirse únicamente como maquinaria electoral. También debe sostener la expectativa de un mejor rumbo institucional y diferenciarse, con hechos, de las prácticas que antes criticaba.
La percepción de que esos métodos han penetrado la actual administración debilita esa promesa de cambio. Diversos escándalos de gestión y presunta corrupción han erosionado la diferencia ética que inicialmente distinguía al Gobierno. Casos como Senasa y el del Intrant, que llevó a la acusación penal de su exdirector por adjudicaciones cuestionadas, han contribuido a esa equiparación en la opinión pública.
Más recientes son las denuncias vinculadas al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y al ITLA, donde se habla de descuentos salariales obligatorios a empleados para financiar movimientos políticos. Estas prácticas, acompañadas de posibles represalias laborales, remiten a formas de clientelismo que el PRM prometió erradicar.