Domínguez Brito advierte que fallo por Jaragua abre la puerta a apropiaciones irregulares

El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, podría servir para validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas.

Domínguez Brito calificó la decisión como una "sentencia temeraria" y alertó que abre un precedente, al debilitar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y exponer ecosistemas estratégicos a presiones económicas y a intereses particulares. 

A su juicio, el fallo podría ser utilizado para legitimar reclamos históricos que buscan fragmentar o privatizar territorios protegidos.

En ese sentido, recordó que las áreas protegidas han sido establecidas mediante leyes sustentadas en estudios científicos y en compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano. 

Por ello, sostuvo que permitir que omisiones administrativas o cartográficas prevalezcan sobre estas disposiciones legales constituye una distorsión del principio de legalidad ambiental y del mandato constitucional de preservar el patrimonio natural.

El también exprocurador General de la República señaló que la sentencia podría incentivar una judicialización masiva del sistema de áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo décadas de avances en conservación ambiental. 

Reiteró, además, que el desarrollo económico y turístico del país debe regirse por criterios de sostenibilidad y respeto al derecho colectivo a un medio ambiente sano. 

“Las áreas protegidas no son negociables"

Asimismo, afirmó que el Estado debe actuar con firmeza frente a cualquier intento de privatización o fragmentación de territorios protegidos, al señalar que históricamente han existido maniobras para distorsionar la realidad jurídica de estos espacios en favor de intereses particulares.

Finalmente, Domínguez Brito exhortó a las instancias judiciales a ponderar, en los recursos correspondientes, el principio de no regresión ambiental y el interés público, al tiempo que reafirmó su compromiso con la defensa del patrimonio natural dominicano. 

“Las áreas protegidas no son negociables; constituyen una responsabilidad constitucional y moral que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.