El plazo para aprobar la reforma policial vence hoy entre premura de diputados

El Senado tardó siete meses en aprobar el proyecto de reforma a la ley policial

Sesión de la Cámara de Diputados del martes 14 de julio, donde a la reforma policial se le impuso un plazo de una semana para su conocimiento. (Dare Collado)

Una comisión permanente de la Cámara de Diputados acelera la revisión de los 342 artículos del proyecto de ley de reforma policial antes de que venza este martes el plazo de una semana que le fijó el pleno para rendir un informe, en medio de cuestionamientos por el corto tiempo otorgado para estudiar una iniciativa que, según el presidente del equipo, es "prácticamente un proyecto nuevo" tras las más de 60 modificaciones introducidas por el Senado.

El presidente de la comisión especial, el diputado Carlos Sánchez, rechazó que los legisladores estén actuando con premura y aseguró que presentarán observaciones al proyecto si entienden que son necesarias, pese al tiempo limitado del que dispone la Cámara de Diputados para concluir el estudio.

"No estamos apresurados. Haremos lo que tengamos que hacer. Si hay observaciones, se harán", afirmó el legislador al responder a las críticas sobre la rapidez con la que la Cámara conoce la iniciativa, en contraste con los siete meses que tardó el Senado para aprobar la pieza.

Sánchez recordó que el proyecto fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado el 8 de diciembre del año pasado y permaneció allí durante siete meses antes de ser aprobado en dos lecturas. Explicó que, tras ese proceso, la pieza llegó a la Cámara de Diputados con cambios sustanciales.

342 artículos

El legislador explicó que la comisión debe revisar un texto compuesto por 342 artículos, luego de que durante el conocimiento en el Senado se agregaran 27 disposiciones al proyecto del Poder Ejecutivo que originalmente contenía 315 artículos.

"Tenemos que estudiar 342 artículos, porque pasó de 315 a 342. Incluso, los medios publicaron que eran 315, porque ese era el texto conocido en primera lectura, pero en la segunda se agregaron 27 artículos más", indicó.

Sánchez señaló que la comisión ya había avanzado en el estudio de gran parte de la iniciativa, pero que ahora concentra la revisión en los artículos incorporados durante la segunda lectura en el Senado para determinar si ameritan observaciones antes de que el informe sea presentado al pleno.

El presidente de la comisión también defendió el tiempo empleado por el Senado para conocer la iniciativa y rechazó los señalamientos de que el proceso legislativo se haya desarrollado con precipitación.

"En realidad el Senado no lo hizo rápido. El Senado ha estado trabajando en ese proyecto desde el 8 de diciembre", manifestó.

No obstante, reconoció que una legislación de esa magnitud siempre estará sujeta a observaciones, incluso después de ser aprobada por una de las cámaras legislativas.

Como ejemplo, citó el debate permanente en torno al Código Penal para sostener que es natural que proyectos de gran impacto continúen generando propuestas de modificación.

Finalmente, Sánchez sostuvo que el objetivo de la reforma debe ser dotar al país de una legislación que fortalezca tanto el trabajo de los agentes policiales como la protección de los ciudadanos.

"Lo importante es que al final el país tenga una ley que beneficie tanto a los agentes policiales como a los ciudadanos, que es la parte fundamental del proyecto de reforma policial", concluyó.

Lo que contempla la reforma

Con el objetivo de castigar a los policías abusadores, la reforma ataca el sueldo y su crecimiento profesional de los agentes que cometan infracciones leves o graves.

Si la reforma se aprueba totalmente y se promulga, las infracciones como el abuso de autoridad y las faltas éticas no solo tendrán consecuencias administrativas, sino que conllevarán reducciones salariales y el bloqueo total de ascensos.

Asimismo, el artículo 227 cataloga como faltas muy graves de primer grado, que llevan a la destitución, conductas como causar daño intencional a personas por exceso en el uso de armas o fuerza, la  práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a ciudadanos bajo custodia y hacer registros basados en estereotipos de raza, apariencia o identidad de género.

Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.