PLD reitera violaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información; Ética rechaza retrocesos
El partido opositor acusa a instituciones públicas de negar o retrasar datos oficiales
La Dirección de Ética asegura que el 95.3 % de las entidades cumple con los estándares de transparencia
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este viernes que varias instituciones del Estado están incurriendo en violaciones a la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, "al negar, fragmentar o retrasar la entrega de información solicitada formalmente por ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos".
A través de un hilo publicado en su cuenta de X, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, explicó que no se trata de hechos aislados ni de errores administrativos puntuales, sino de una práctica que se ha venido repitiendo, afectando el derecho ciudadano a fiscalizar el uso de los recursos públicos y debilitando los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Pujols señaló que la situación se agrava debido a que, según él, informaciones que anteriormente estaban disponibles en los portales de transparencia han sido desplazadas, fragmentadas o dejadas de publicar, dificultando el acceso efectivo a datos de interés público.
“A esto se suman respuestas oficiales que niegan información, la entregan de manera incompleta o simplemente no responden dentro de los plazos que establece la Ley”, escribió Pujols.
Recordó que la Ley 200-04 reconoce el derecho de toda persona a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado (artículo 1), y define información pública de manera amplia, incluyendo contratos, pagos, expedientes, registros y documentos, en cualquier formato, siempre que estén bajo control o posesión de una entidad pública (artículo 2).
Asimismo, señala que la ley impone la obligación de publicidad activa sobre presupuesto, compras, contrataciones y uso de fondos públicos (artículo 3), estableciendo de manera expresa que los contratos del Estado constituyen información pública, aun cuando intervengan empresas privadas.
El dirigente político subrayó que la normativa también fija plazos claros para responder las solicitudes de información (15 días hábiles, prorrogables sólo de forma excepcional) y considera denegación ilegal el silencio administrativo, la demora injustificada o las respuestas evasivas (artículos 8 y 10).
Respuesta de Ética
El pasado miércoles, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, respondió a las declaraciones de Pujols señalando que los avances en materia de acceso a la información pública son verificables, medibles y sin precedentes, y que contradicen cualquier afirmación de retroceso u opacidad en la gestión gubernamental.
- Dijo que los resultados de estas evaluaciones reflejan un cambio estructural en la publicidad de la información pública.
"En agosto de 2020, solo el 40 % de las instituciones públicas cumplía con los estándares de transparencia, mientras que, actualmente el 95.3 % publica la información de manera oportuna, un nivel de cumplimiento que nunca había sido alcanzado por un gobierno en la República Dominicana", precisó la funcionaria.
Asimismo, expresó que en la actual gestión ha establecido "grandes diferencias" en la atención, manejo y gestión de las denuncias ciudadanas.
"Al inicio de la actual administración, en el año 2020, se encontró un acumulado de 1,415 denuncias pendientes de respuesta, las cuales fueron atendidas y canalizadas conforme a la naturaleza de cada caso", sostuvo.
En contraste, al inicio de 2026, el sistema registra solo 21 denuncias en proceso correspondientes al año 2025, sin arrastre de casos de años anteriores, lo que refleja una gestión eficiente, oportuna y alineada al cumplimiento de los plazos legales" indicó.
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