Temístocles Montás cree hay" falta de transparencia" en distribución de bonos navideños del gobierno
Dice que le preocupa la práctica del coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, de distribuir de manera personal los bonos dirigidos a familias de escasos recursos
El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, cuestionó este domingo "la transparencia" del gobierno en el manejo de los recursos públicos destinados a la entrega de bonos navideños, cuyo monto asciende a 1,500 millones de pesos.
Montás expresó su preocupación por la práctica del coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, de distribuir de manera personal los bonos dirigidos a familias de escasos recursos, al considerar que ese método carece de mecanismos institucionales claros de control y supervisión.
El dirigente político planteó interrogantes sobre si puede considerarse transparente que un funcionario entregue de forma directa y discrecional beneficios financiados con fondos públicos, y sobre las garantías existentes para asegurar que los recursos lleguen íntegramente a sus beneficiarios.
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Una nota de prensa del partido indica que las críticas están contenidas en un artículo titulado “Política social, discrecionalidad y transparencia”, publicado en Vanguardia del Pueblo, en el que Montás señala que el país ha avanzado hacia sistemas más formales y trazables de asistencia social, por lo que calificó estas prácticas como un retroceso.
Cree debilita controles del gasto social
A su juicio, la entrega directa de bonos debilita los controles del gasto social y puede generar confusión entre la función pública y la promoción política.
- Sostuvo, además, que la política social debe sustentarse en criterios profesionales, impersonales y verificables, con procesos institucionales y sistemas electrónicos que permitan la trazabilidad de los recursos.
Montás afirmó que la confianza ciudadana no puede basarse únicamente en declaraciones oficiales, sino en garantías comprobables, y sugirió que el tema sea evaluado por los organismos responsables de la ética y la integridad en la administración pública.