Nueva York muestra mano dura contra el sector de armas de fabricación casera
A nivel federal, la actual definición de arma cambiará en julio para que se incluyan aquellas que están hechas con piezas y fabricadas con impresoras de tres dimensiones
La fiscalía general de Nueva York mostró este miércoles mano dura contra el sector de las armas de fabricación casera, sometidas a una legislación muy restrictiva en el estado, y ordenó a casi una treintena de empresas que dejen de vender piezas o se expondrán a multas.
Las armas de fabricación casera (conocidas como "ghost guns" o armas fantasma) permiten, a partir de kits con piezas, ensamblar armas que son difíciles de rastrear para las autoridades dado que carecen de número de serie, y suelen ser utilizadas por personas que legalmente no pueden acceder a armas.
A nivel federal, la actual definición de arma cambiará en julio para que se incluyan aquellas que están hechas con piezas y fabricadas con impresoras de tres dimensiones, una medida que para muchos llega demasiado tarde en vista de los últimos tiroteos masivos, como el de la escuela de Uvalde (Texas).
Mientras tanto, en el estado de Nueva York entraron recientemente en vigor dos leyes que criminalizan la venta de armas fantasma y obligan a que un armero registre y "serialice" esos instrumentos, y de las que surge la acción anunciada hoy por la fiscalía, dirigida por la demócrata Letitia James.
"No vamos a esperar otra tragedia, mi oficina está usando la mano dura contra los vendedores de armas que están publicitando ilegalmente armas fantasma", dijo James en un comunicado que también recoge las llamadas a la acción y críticas de legisladores y activistas al gobierno federal.
La fiscal ha enviado órdenes de cese a 28 empresas, la mayoría en el oeste del estado y la región de Long Island, recordándoles que es ilegal para quien no esté autorizado como armero o vendedor de armas poseer piezas y hacer publicidad falsa o engañosa sobre los riesgos legales de comprarlas.
Bajo la ley neoyorquina, esas empresas pueden verse obligadas a devolver los beneficios obtenidos de la venta de piezas, pagar una indemnización y multas de hasta 5,000 dólares por cada infracción.
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