Tribunal de apelaciones rechaza que J&J use bancarrota para evitar demandas por talco cancerígeno para bebés

La farmacéutica Johnson & Johnson no puede usar la bancarrota para resolver 38,000 demandas multimillonarias por las supuestas lesiones por sus polvos de talco, según dictaminó este lunes un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos.

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. desestimó el caso de una subsidiaria de Johnson & Johnson que se apoyaba en el capítulo 11 -la Ley de Quiebras en Estados Unidos-, y que la farmacéutica había impulsado en 2021.

Un portavoz de Johnson & Johnson dijo a The Wall Street Journal que la compañía impugnaría el fallo del lunes, ya que puede solicitar que todos los jueces del Tercer Circuito evalúen su estrategia de quiebra y luego incluso podría solicitar una revisión por parte de la Corte Suprema de EE.UU.

Por su parte, un comité que representa a decenas de miles de personas que alegan haber sido lesionadas por los productos de talco de la compañía dijo que el fallo del lunes “evita que las corporaciones ricas y solventes empleen maquinaciones corporativas para evadir la justicia”.

Las acciones de la farmacéutica, que durante mucho tiempo ha mantenido que sus productos de talco son seguros, caían media hora antes del cierre de la bolsa un 3.40 %.

Johnson & Johnson anunció el verano pasado que en 2023 suspenderá la venta de sus polvos de talco para bebé en todo el mundo, dos años después de hacerlo en EE.UU. y Canadá.

A finales de 2018 aparecieron informaciones que apuntaban a que la compañía sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.

Desde entonces, la farmacéutica se ha enfrentado a miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, un extremo que la empresa rechaza y que cada año le ha llevado a gastar millones de dólares en litigios.

La empresa, además, afrontó otros problemas judiciales en EE.UU. y aceptó a principios del 2022 pagar millones de dólares a varios estados, en conjunto con otros grandes distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.