Cargos por tráfico contra salvadoreño Ábrego García serían represalia de EE. UU., según juez

La decisión del Gobierno de EE. UU. de presentar cargos por tráfico de personas contra el inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García podría haber sido una represalia por su victoria judicial contra la administración en un caso de deportación, según un juez federal.

Un documento del juez Waverly Creshaw, de Tennessee, divulgado este martes detalla que existe una "probabilidad realista" de que el procesamiento penal de Ábrego García haya estado motivado por razones indebidas, luego de que el migrante lograra que tribunales federales -incluida la Corte Suprema de EE.UU.- ordenaran al Gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos tras haber sido deportado por error a El Salvador.

En el documento, que permanecía bajo sello judicial y fue hecho público este martes, el juez ordenó el pasado 3 de diciembre la divulgación de información interna clave del Departamento de Justicia (DOJ), la cual permitirá a la defensa argumentar si los cargos por tráfico de personas deben ser desestimados.

Ábrego García fue expulsado del país en marzo pasado sin enfrentar cargos criminales, una medida que el propio Gobierno reconoció posteriormente como un "error administrativo". Nueve días después, presentó una demanda civil en Maryland impugnando su deportación.

En abril, un juez federal le dio la razón y ordenó su retorno, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y, días más tarde, por la Corte Suprema.

Sin embargo, menos de un mes después de esos fallos adversos para el Ejecutivo, el Gobierno cambió de postura, detalla el documento del juez.

El 21 de mayo pasado un gran jurado en Tennessee presentó una acusación formal contra Ábrego García por presunto tráfico de personas, basada en una parada de tráfico ocurrida en noviembre de 2022. Hasta entonces, ese incidente no había derivado en cargos, y la investigación correspondiente había sido cerrada por las autoridades migratorias en abril de 2025.

El juez subrayó que la secuencia temporal resulta significativa: Ábrego García fue deportado sin cargos, ganó su demanda contra el Gobierno y, solo después de ese revés judicial, el DOJ decidió reactivar el caso penal y proceder con una acusación formal.

Para el tribunal, esa cronología justifica permitir que la defensa acceda a documentos internos que podrían revelar si la decisión fue una respuesta punitiva a la acción legal del acusado.

Durante su revisión privada de más de 3.000 documentos gubernamentales, la Corte identificó correos electrónicos y comunicaciones que sugieren que la decisión de acusar a Abrego García no fue tomada únicamente a nivel local, como ha sostenido el Gobierno.

Por el contrario, los documentos indican la participación de altos funcionarios del DOJ y describen el caso como una "prioridad máxima", con referencias explícitas a la necesidad de aprobación desde la cúpula del Departamento.

En su fallo, el juez concluyó que el derecho constitucional de Ábrego García a no ser procesado por motivos de represalia prevalece sobre los privilegios invocados por el Gobierno para mantener en secreto sus deliberaciones internas.

Cancelación del juicio

La decisión se suma a una orden emitida por el mismo juez la semana pasada, cuando resolvió cancelar el juicio programado en el caso y convocar a una audiencia para el próximo 8 de febrero, con el fin de analizar los alegatos de la defensa sobre una posible motivación indebida en el procesamiento penal.

En esa resolución, el tribunal señaló que primero debía aclararse si la acusación fue presentada de manera apropiada antes de avanzar hacia un juicio, dada la secuencia de decisiones gubernamentales que rodearon la deportación de Ábrego García y su posterior retorno a Estados Unidos.