Demandan a la Administración de Trump por orden ejecutiva que limita el voto por correo

 Una coalición de organizaciones presentó este jueves una demanda en el tribunal federal para el distrito de Massachusetts (EE. UU.) que busca anular la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el voto por correo en las elecciones federales.

Los demandantes, la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts, la Liga de Mujeres Votantes, la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero (AARO), la Fundación US Vote, OCA - Defensores Estadounidenses de los Asiáticos del Pacífico (OCA) y la hermandad Delta Sigma Theta Sorority, recuerdan en su demanda que la Constitución establece explícitamente que solo el Congreso y los estados pueden fijar las normas electorales, no el presidente.

"Este caso impugna una afirmación extraordinaria y abusiva del poder ejecutivo sobre la administración de las elecciones federales", señalan en el documento legal, en el que recuerdan que no es la primera vez que el mandatario usurpa poderes que sólo competen al Congreso.

¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump sobre el voto por correo?

De acuerdo con los demandantes, miembros de sus organizaciones -entre los que se encuentran potencialmente millones de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto- serán excluidos del sufragio si se implementa esta orden ejecutiva, del 31 de marzo, "y, por lo tanto, sufrirán un daño irreparable".

Trump firmó la orden ejecutiva que limita el voto por correo en las elecciones federales, en el marco de su campaña para reforzar su discurso sobre posibles fraudes en los comicios de mitad de mandato que se celebran el próximo noviembre.

La medida establece que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, debe elaborar un registro de votantes elegibles en colaboración con la Administración del Seguro Social.

• La orden también exige que el Departamento de Seguridad Nacional elabore y entregue a cada estado una lista de los ciudadanos con derecho a voto. Dado que las bases de datos federales están desactualizadas y no son fiables, esto conlleva el riesgo de privar masivamente del derecho al voto a un gran número de personas.

 Según la orden ejecutiva, la lista servirá para supervisar quiénes podrán recibir las papeletas enviadas por correo. En ese sentido, los demandantes reclaman el "uso inapropiado" del Servicio Postal, que, según la orden, debe crear también una lista de votantes por correo aprobados y que considere ciertas boletas como no aptas para su entrega basándose en si los votantes están incluidos en esta lista federal de votantes inscritos.

"En efecto, la orden ejecutiva pretende interponer un régimen de escrutinio federal entre los votantes y las urnas, al facultar a un transportista de correo federal para retener las boletas de ciertos votantes", advierten.

Según la demanda, los grupos en mayor riesgo de sufrir "daño irreparable" son los militares y ciudadanos en el extranjero; personas de la tercera edad y discapacitados, que no pueden ir a votar y dependen del correo, y los recientemente naturalizados cuyos datos en las bases de datos federales no están actualizados.

Los grupos demandantes están representados por la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Brennan para la Justicia , el Fondo de Defensa Legal (LDF), Asian Americans Advancing Justice (AAJC) y LatinoJustice PRLDEF.