Ya son dos los políticos dominicanos de Massachusetts acusados de fraude con ayudas del COVID-19

La acusación contra el representante estatal Francisco Paulino llega 12 días después de la presentada contra el alcalde de Lawrence, Brian DePeña

Los políticos Brian DePeña y Francisco Paulino. (Tomadas de las cuentas oficiales de X)

La clase política de origen dominicano en Massachusetts ha sido sacudida por acusaciones contra dos de sus representantes con apenas dos semanas de diferencia. El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, y el representante estatal Francisco Paulino comparten, además, cargos relacionados con el presunto uso indebido de ayudas otorgadas por el gobierno federal durante la pandemia del COVID-19.

El caso más reciente es el de Paulino, representante del distrito 16 de Essex, que representa a Lawrence y Methuen, quien fue arrestado ayer miércoles 26 de agosto y acusado de obtener fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo relacionadas con el COVID-19 y préstamos para pequeñas empresas.

De acuerdo con la fiscalía de Massachusetts, Paulino, de 46 años, otorgó el dinero recibido en calidad de préstamo a varias personas, quienes finalmente utilizaron los fondos para comprar bienes raíces, antes de ser elegido para un cargo público.

El político enfrenta 11 cargos en una acusación formal presentada por un gran jurado federal en Boston. Se le imputan ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero.

  • Paulino compareció la tarde del miércoles ante un tribunal federal en Boston. Durante la audiencia, el dominicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan.

La acusación contra Paulino 

Según la acusación, Paulino obtuvo beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) entre 2020 y 2021 a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación.

El programa PUA, creado durante la pandemia de COVID-19, proporcionaba prestaciones por desempleo a personas que no cumplían los requisitos para recibir las prestaciones regulares, incluidos los trabajadores autónomos.

En abril de 2020, Paulino supuestamente presentó una solicitud en línea del programa en la que afirmó falsamente que dicho familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019. Se alega que Paulino presentó documentos falsificados para respaldar la solicitud del y presentó certificaciones semanales falsas al Departamento de Asistencia por Desempleo (DUA, por sus siglas en inglés)  

Además, se alega que Paulino ordenó al DUA que depositara electrónicamente los beneficios en una cuenta bancaria a su nombre, recibiendo, entre abril de 2020 y septiembre de 2021, más de 44,000 dólares, dinero que, según los fiscales, fue utilizado para pagar gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.

Según la acusación, Paulino también cometió fraude en relación con tres préstamos para desastres económicos (EIDL, por sus siglas en inglés), fondos que solo podían utilizarse "como capital de trabajo para paliar las pérdidas económicas causadas por la COVID-19", explica la fiscalía.

Según los documentos judiciales, Paulino presentó una solicitud de EIDL en junio de 2020, en la que declaró falsamente que los ingresos de su empresa Jackson Enterprise durante los 12 meses que terminaron el 31 de enero de 2020 fueron de 426,755 dólares, lo que permitió que recibiera 136,600 dólares en julio de 2020.

Supuestamente, Paulino utilizó 18,000 dólares de estos fondos para la compra de bienes raíces en Lawrence.

Según la acusación, Paulino obtuvo otro préstamo EIDL de 109,200 dólares para Madison Tax, otra de sus empresa, en mayo de 2020 y, posteriormente, solicitó un aumento del préstamo, recibiendo 292,600 dólares adicionales, lo que elevó la deuda a un total de 401,800 dólares.

Tras recibir el aumento, según los fiscales, Paulino financió la hipoteca de dos personas para una propiedad en Methuen y otra casa en Lawrence, a quienes, además, supuestamente les cobró intereses del 5.5 % y del 7.94 % sobre los préstamos que otorgó con dichos fondos y 25,000 dólares adicionales en "comisiones de originación de préstamos".

En adición, según la fiscalía, Paulino obtuvo una modificación fraudulenta del EIDL para uno de sus clientes de Madison Tax. En junio de 2020 se encargó de solicitar un préstamo para el cliente y, en septiembre de 2021, recibió un aumento sin el consentimiento del cliente.

El dinero fue enviado a la cuenta de impuestos de Paulino y de allí fue utilizado para financiar una hipoteca de otro cliente de su empresa Madison Mortgage, a quien le cobraba una tasa de interés del 6.25 % y una comisión de apertura de préstamo de 17,000 dólares.

El caso de Brian DePeña

La acusación contra Paulino llega 12 días después de que el alcalde de Lawrence, Brian DePeña, fuera arrestado también por el FBI por cargos relacionados con el presunto uso indebido de más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, DePeña habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas, y posteriormente habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

La denuncia sostiene que DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, consiguió aumentar el préstamo hasta 500,000 dólares y posteriormente obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.

También enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero.

En el caso de DePeña, los medios estadounidenses indicaron que no se declaró ni culpable ni inocente de los cargos cuando se presentó a la corte la tarde del mismo viernes 14 de agosto, cuando fue arrestado.

Ambos políticos enfrentan hasta 20 y 10 años de prisión por los cargos de fraude y lavado de dinero, respectivamente, así como años adicionales de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares en ambos casos, señala la fiscalía.

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).