Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. enfrenta denuncias por pesquisa de votantes no ciudadanos

Schumer y Padilla critican la falta de tiempo para verificar la elegibilidad de votantes en la iniciativa de Trump

Trabajadores electorales dirigen a los votantes fuera de la escuela secundaria Frank McCourt en el Upper West Side de Nueva York. (Archivo/AP)

Una investigación de la administración de Donald Trump para identificar a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que presuntamente votan en las elecciones podría estar violando leyes estatales y llevar a las autoridades federales a señalar erróneamente a ciudadanos estadounidenses, según denunció un informante federal a la Agencia AP.

La iniciativa, denominada Unlawful Voter Initiative y desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también estaría llevando a empleados federales a crear registros de las fuerzas del orden basados en información que podría ser poco confiable, de acuerdo con una declaración del informante.

El documento, de casi 30 páginas y publicado el lunes por el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y el senador demócrata Alex Padilla, de California, contiene capturas de pantalla y transcripciones de una capacitación impartida a empleados de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Según el informante, los empleados fueron obligados a finales de agosto a dejar temporalmente sus otras funciones, completar una capacitación de menos de dos horas y comenzar a utilizar listas proporcionadas por el DHS para buscar a determinadas personas en los sistemas estatales de registro de votantes, con el objetivo de identificar a quienes supuestamente votaron de manera ilegal.

El denunciante afirma que los agentes deben revisar 40 personas al día, lo que les deja aproximadamente 12 minutos para determinar si cada individuo está habilitado legalmente para votar y crear un registro federal sobre quienes supuestamente no lo estén.

La denuncia advierte que el procedimiento podría generar problemas legales porque algunos estados restringen el acceso a sus sistemas de registro electoral.

Por ejemplo, Virginia limita expresamente sus herramientas de consulta a personas que certifiquen, bajo pena de ley, que están buscando sus propios registros. En California, en cambio, se requiere información personal, como el número de licencia de conducir o parte del número de Seguro Social, para consultar determinados registros individuales.

  • El informante aseguró que empleados expresaron preocupación por las posibles consecuencias legales de realizar búsquedas en los sistemas estatales en contra de las instrucciones establecidas por esos estados. Sin embargo, según su declaración, los responsables de la agencia les indicaron que continuaran con las búsquedas.

La denuncia también señala que la información que maneja el DHS sobre determinadas personas puede diferir de los registros estatales. Esto, según el documento, aumenta el riesgo de que ciudadanos estadounidenses sean identificados incorrectamente como posibles votantes no autorizados y queden vinculados a registros oficiales que podrían desencadenar investigaciones posteriores.

Reacciones políticas

Demócratas acusan a Trump de interferir en las elecciones

Schumer y Padilla calificaron la iniciativa como otro intento del presidente Trump de intervenir en las elecciones y cuestionaron el tiempo limitado que tienen los empleados para realizar las verificaciones.

“Acabamos de obtener más pruebas de los viles planes de Trump para manipular nuestras elecciones”, afirmó Schumer durante una conferencia de prensa.

Los senadores enviaron el domingo una carta al secretario del DHS, Markwayne Mullin, en la que solicitaron información adicional sobre la iniciativa y exigieron que fuera detenida.

La administración Trump ha convertido la votación de personas que no son ciudadanas en uno de sus principales argumentos para impulsar nuevas medidas de seguridad electoral, aunque investigaciones han concluido que este tipo de votación es extremadamente poco frecuente.

Trump también ha presionado al Servicio Postal de Estados Unidos para que las boletas electorales enviadas por correo sean entregadas únicamente a votantes cuya ciudadanía estadounidense haya sido verificada.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtener información detallada de sus registros electorales, aunque hasta ahora no ha logrado obtenerla en esos casos.

Ante la falta de acceso a determinados datos estatales, la iniciativa del DHS habría buscado una vía alternativa: ordenar a empleados de USCIS que se hicieran pasar por los propios votantes para acceder a sus registros electorales estatales.

Respuesta del DHS

DHS defiende la investigación

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la iniciativa y rechazó las críticas sobre la manera en que se están realizando las investigaciones.

Un portavoz de la agencia afirmó que el objetivo es procesar y deportar a extranjeros que voten ilegalmente y evitar que los votos de los ciudadanos estadounidenses pierdan peso.

“El departamento accedió a datos disponibles públicamente de los registros electorales estatales y los cruzó con extranjeros conocidos en nuestros sistemas”, señaló el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

Ante los cuestionamientos sobre la capacitación, los plazos y las cuotas asignadas a los empleados, el portavoz aseguró que las investigaciones se realizan de manera diligente y profesional.

La denuncia fue elaborada por Democracy Defenders Fund, organización que dijo representar al informante. El grupo explicó que la persona decidió permanecer en el anonimato por un “extremo temor a represalias”, pero consideró que tenía la obligación de denunciar las irregularidades y la supuesta mala gestión que había presenciado.

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