Periodista hongkonesa condenada por investigar una base de datos pública

Choy, de 37 años, fue sentenciada por un tribunal por hacer “una declaración falsa deliberadamente”

La periodista Bao Choy de RTHK. (Fuente externa)

Una periodista hongkonesa fue condenada este jueves por rastrear en una base de datos pública a los presuntos autores de un ataque contra activistas prodemocracia perpetrado por partidarios del gobierno.

La condena de Bao Choy -periodista de RTHK, grupo audiovisual independiente financiado por el gobierno hongkonés- tiene lugar en momentos en que algunos consideran que la libertad de prensa está seriamente amenazada, en el marco de una ofensiva contra la oposición tras el gran desafío que significó el movimiento prodemocracia de 2019.

Choy, de 37 años, fue sentenciada por un tribunal por hacer “una declaración falsa deliberadamente”, para poder acceder a los registros de matrículas de automóviles.

“La población no tiene derecho a obtener cualquier documento bajo esta legislación”, indicó la jueza, Ivy Chui.

La periodista se enfrenta a una pena de prisión de seis meses, y a una multa de 5,000 dólares hongkoneses (530 euros, casi 640 dólares estadounidenses).

Colegas y miembros del sindicato de trabajadores de RTHK se concentraron frente al tribunal, portando pancartas que rezaban: “El periodismo no es un delito” y “¿Quién quiere que la población se mantenga en la ignorancia?”.

“Aunque haya sido declarada culpable, sigo creyendo que el periodismo no es un delito y que buscar en un archivo no es un crimen”, indicó la periodista ante colegas.

La investigación en esta base de datos fue realizada el año pasado buscando elementos para un documental de RTHK, “Who Owns The Truth?” (¿quién posee la verdad?), que trata sobre un ataque perpetrado en julio de 2019 contra manifestantes prodemocracia por parte de hombres armados con bates de béisbol y porras.

La policía tardó en intervenir y, posteriormente, intentó justificarse.

Para la reconstrucción de los hechos, RTHK recogió testimonios, investigó matrículas y visionó videos de testigos y cámaras de vigilancia.

Esto permitió obtener información sobre los presuntos agresores, algunos de los cuales mantienen vínculos con comités políticos pro Pekín.

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