El expresidente hondureño Porfirio Lobo es sobreseído por fraude
Lobo era acusado por fraude en el caso, conocido como ´Pandora II´
EFE
El expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) y dos exfuncionarios fueron sobreseídos definitivamente este jueves de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos, informó una fuente judicial.
Un juez natural a cargo de la causa dictó "sobreseimiento definitivo" a favor de Lobo, así como del exdirector de presupuesto de la Secretaría de Finanzas Roberto Alonso Zúñiga y del exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) Jorge Johny Handal, indicó a periodistas la portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Lucía Villars.
El expresidente Lobo y los otros dos exfuncionarios fueron sobreseídos porque el Ministerio Público no logró "acreditar con el mínimo de indicio racional de la prueba la participación (de los acusados) en los hechos indicados en el requerimiento", explicó.
Lobo era acusado por fraude en el caso, conocido como ´Pandora II´, en el que Zúñiga y Handal eran sindicados por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
El juez dictó además auto de formal procesamiento contra el exministro de Finanzas Wilfredo Cerrato y su exgerente Lilia Bográn, por violación de los deberes de los funcionarios.
Cerrato y Bográn fueron sobreseídos provisionalmente por fraude.
El exgerente de la Secretaría de Finanzas James Aldana Medina será procesado por fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Según las investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 "una red de corrupción" que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por más de 288 millones de lempiras (cerca de 11,7 millones de dólares) autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Inicialmente el caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic, ahora Uferco) y la otrora Maccih, que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Ufecic y la Maccih acusaron en 2017 a al menos 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, por desviar miles de millones de lempiras para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.
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