Martín Valerio JiminiánLa riqueza que no llega
Crecer no es transformarse, el reto de la minería dominicana
Crecer no es lo mismo que transformarse. La República Dominicana lleva años demostrando que puede producir riqueza. Lo que todavía está por demostrarse es si sabe convertirla en desarrollo territorial duradero.
La piedrita en el zapato no es cuánto produce el sector minero. Es por qué territorios que generan tanta riqueza siguen viviendo con tantas carencias. Esa pregunta no debe recaer únicamente sobre las empresas. Debe interpelar al Estado, a los gobiernos locales y a las instituciones que reciben recursos, anuncian planes y no siempre logran traducirlos en bienestar concreto.
El 5 % destinado a los municipios impactados es el ejemplo más claro de esa brecha. No puede seguir siendo una transferencia sin destino verificable. Debe tener trazabilidad, planificación y rendición de cuentas pública con resultados comprobables. Porque recibir fondos no equivale a producir desarrollo, y el éxito extractivo no puede medirse solo por lo que entra al fisco. Tiene que medirse también por lo que permanece en el territorio.
Las preguntas que la reforma no puede eludir
Decir que el 5 % debe tener trazabilidad es correcto. Pero ¿qué mecanismo jurídico concreto lo garantizaría? ¿Un fondo fiduciario con auditoría independiente? ¿Una cuenta vinculada a indicadores de desempeño territorial? ¿Un sistema digital de rendición de cuentas, accesible y verificable por cualquier ciudadano?
¿Qué figura institucional administraría esa agenda? ¿Los ayuntamientos, que en muchos casos carecen de capacidad técnica? ¿Una entidad supramunicipal con competencia específica? ¿Cómo se articularía con los planes de ordenamiento territorial y con la Contraloría General de la República?
Y la pregunta más importante: ¿existe en el derecho comparado un modelo que funcione? Países como Canadá y Australia — referentes mundiales en minería responsable — han demostrado que el éxito no depende solo del potencial geológico, sino de la calidad de las instituciones que administran lo que ese potencial produce. La lección entendemos que ha sido aprendida: una ley sin instituciones capaces de aplicarla es solo buena intención escrita.
El momento de esa conversación es ahora
La discusión sobre una nueva Ley Minera está abierta. El Gobierno tiene un borrador. En su debido momento el Congreso iniciará su análisis. Si esa conversación ocurre sin abordar el andamiaje jurídico e institucional que garantice la transformación territorial, habremos aprobado una ley moderna con un vacío antiguo en su centro.
Molesta decirlo: muchas veces el problema no es la minería en sí misma, sino la forma en que el Estado y sus instituciones administran lo que esta genera. Incomoda al Gobierno central, porque revela debilidades en planificación y rendición de cuentas. Incomoda a los gobiernos locales, porque exige explicar cómo usan los recursos. Incomoda a las empresas, porque recuerda que cumplir la ley no siempre basta para construir legitimidad. E incomoda a la sociedad, porque obliga a abandonar posiciones fáciles.
Exigirle más a la minería formal no es atacarla. Es la única forma de distinguirla de la que opera sin controles, sin garantías y sin responder por sus daños. Y es, también, la única forma de que su aporte sea creíble.
La gran pregunta nacional no debería ser solamente si queremos minería. La pregunta más difícil — y la más urgente — es si somos capaces de gobernar con inteligencia y con honestidad la riqueza que esta genera.
La minería del siglo XXI no se juzga por lo que saca de la tierra. Se juzga por lo que deja en ella.
Martín Valerio JiminiánDirector Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.