Salud e inmigración ilegal en la República Dominicana
Pedro Ureña
La migración poblacional es un fenómeno inherente al desarrollo diferenciado de las naciones, así como los diversos contrastes económicos políticos y sociales imperantes en el actual orden mundial.
Desde el punto de vista humano, garantizar los derechos a esta población, constituye uno de los grandes retos que enfrentan países como el nuestro, con una población emigrante y al mismo tiempo receptores de una inmigración en ascenso.
La República Dominicana es signataria de diversos acuerdos para la protección del inmigrante en materia de salud, incluyendo la declaración universal de los derechos humanos, el acuerdo para el desarrollo sostenible ONU y de la Organización Panamericana de Salud. Por otra parte, la atención médica de nuestra población es un deber del estado y a la vez un derecho ciudadano presente en nuestra constitución.
¿Hasta dónde los compromisos asumidos en el orden internacional por el derecho del extranjero vulnerabiliza a su vez el derecho del nacional?
Nuestro sistema de salud presenta serias debilidades, la principal de orden económico. La incapacidad de proveer un cuidado a la altura de las necesidades poblacionales permanece como una limitante en un país con restringidos recursos y donde la salud no ha tenido en ningún gobierno de las últimas décadas, la relevancia que merece.
A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de la atención médica, (ejemplos: régimen de seguridad social, sistema 911, SENASA), la República Dominicana permanece como uno de los países con menor inversión en salud comparada con otros países signatarios de los acuerdos para la protección del inmigrante y a su vez presenta una proporción de inmigración descontrolada:
Este contexto numéricamente evidencia lo que a la luz de todo aquel que haya visitado un hospital dominicano reconoce. Se requiere mayor inversión para proveer una atención digna, acorde a ese derecho inalienable de todo ciudadano, la salud.
En adición a las limitantes presupuestarias, la inmigración ilegal adiciona otro factor contribuyente, resultando en pocos recursos para una demanda mayor y en aumento.
Comparemos nuestras estadísticas
El servicio Nacional de Salud publicó un análisis sobre el gasto de este ministerio en la población extranjera para el año 2018. De acuerdo con esta publicación, en ese año la atención a extranjeros representó un gasto de 2, 522 millones de pesos. En el primer nivel de atención un 84.5% de los recursos prestados fueron dirigidos a la atención de foráneos. Del presupuesto asignado al Ministerio de Salud, la inversión en pacientes extranjeros representó un 7%.
Comparemos esta realidad con la nación más rica del hemisferio, Estados Unidos. En un análisis publicado por Chris Conover sobre la temática de inmigrantes y el gasto en salud de esa nación, en el 2018 se invirtieron 18.5 billones de dólares, representando apenas un 0.005% del gasto total de salud. Es importante destacar que tanto los Estados Unidos como Canadá carecen de un sistema de atención gratuita para inmigrantes ilegales.
La maternidad, un segmento muy afectado
Revisando otras fuentes sobre la temática de salud e inmigración en la República Dominicana, encontramos una publicación reciente presentada por OPD Funglode sobre los nacimientos de extranjeros en el sistema público 2007 -2018. De acuerdo con la data analizada, el 18% de los nacimientos durante este periodo en la República Dominicana correspondieron a inmigrantes. Se evidencia un aumento progresivo, alcanzando un 29.7% en el primer semestre del 2018, cifra sin precedentes en nuestra historia republicana.
Si analizamos el impacto económico de este fenómeno y lo cuantificamos en base al reembolso del régimen subsidiado para estos procedimientos (con una subestimación clara del costo real y asumiendo estadías sin complicaciones) solo en partos, sin cuantificar el cuidado del recién nacido, nuestro país invirtió aproximadamente 160 millones de pesos en el 2018 para atención médica de extranjeros.
En adición a los gastos estimados, la ausencia de un cuidado pre y post natal adecuado, aumenta el número de complicaciones. En un estudio presentado por la universidad de Brown en relación a parturientas en la ciudad de Santiago, el porcentaje de pacientes HIV positivos en extranjeros, estuvo asociado a una falta de seguimiento y tratamiento, a pesar de la disponibilidad gratuita de tratamiento retroviral. Para reforzar este resultado, recientes reportes del hospital Arturo Grullón indican que aproximadamente el 50% de nacimientos de madres haitianas fue positivo para VIH.
Hagamos lo justo
La solidaridad es parte integral del dominicano y jamás podríamos justificar la negación de servicios a una población vulnerable, sin embargo, la República Dominicana no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo sanitario de otras naciones, cuando las mismas estadísticas indican que la inversión per capita en salud no es suficiente para cubrir las necesidades de los dominicanos.
Es hora de que nuestras autoridades mejoren la distribución de nuestros escasos recursos en el área de salud pública. Nuestros ciudadanos merecen una mejor atención, no debemos ni podemos permitir que las directrices de cómo administrar de forma justa y equitativa nuestro presupuesto en salud, sean dictaminadas por naciones con mayores recursos y políticas migratorias restrictivas, donde sus ciudadanos jamás se les permitiría padecer deficiencias como resultado de una errónea redistribución de fondos hacia una población de inmigrantes que violan las leyes al estar de forma ilegal en el país.
Pedro Ureña
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