El Consejo de Estado francés anula la práctica de acotar a manifestantes

París, 10 jun (EFE).- El Consejo de Estado, máximo órgano de recurso administrativo en Francia, anuló este jueves cuatro medidas de un documento normativo sobre las modalidades de intervención de las fuerzas del orden, entre ellas el polémico acotamiento de los manifestantes durante un tiempo prolongado.

Varias asociaciones de derechos humanos y sindicatos habían recurrido al Consejo de Estado, que tiene además competencias para asesorar al Gobierno, y que finalmente consideró ilegal esta práctica, así como otras reglas de cobertura de protestas por la prensa.

En concreto, el esquema de intervenciones publicado por el Ministerio del Interior el pasado mes de septiembre obligaba a los periodistas a alejarse en caso de que la policía dispersara una manifestación, les exigía estar acreditados para la cobertura y estipulaba las condiciones en las que podían utilizar equipos de protección.

Estas tres disposiciones quedan también suprimidas con el dictamen de este jueves.

Sobre el polémico uso de la práctica del aislamiento, el Consejo de Estado afirma que 'en ausencia de condiciones precisas' es ilegal y no hay garantías de que su uso sea 'adecuado, necesario y proporcionado a las circunstancias'.

Según su razonamiento, esta técnica está diseñada para 'controlar, cuestionar o impedir la continuación de disturbios' y, aunque podría ser necesaria en determinadas circunstancias, 'es probable que tenga un impacto significativo sobre la libertad de manifestación' y la libertad de movimientos.

En cuanto a las restricciones para los periodistas, el Consejo de Estado señala que éstos deben 'poder continuar ejerciendo libremente su misión de información, incluso en la dispersión de una multitud'.

Por tanto, no se les puede obligar a abandonar un lugar, a condición de que no se confundan con los manifestantes ni obstaculicen a los agentes. Ese principio se aplica también a los 'observadores independientes'.

El documento del Ministerio del Interior, que pretendía ser una respuesta contra 'la infiltración sistemática de alborotadores en los cortejos', establecía que los periodistas podrían llevar equipo de protección si 'su identificación está confirmada y su comportamiento exento de toda infracción o provocación'.

El Consejo de Estado anula la obligación de que los periodistas tengan que haber sido acreditados por las autoridades para acceder a los canales de información que pueden establecer las fuerzas del orden durante las manifestaciones.

Ese acceso -recuerda- ya está limitado por ley a los titulares de una tarjeta de prensa.

El documento de Interior fue una respuesta a los meses de movilizaciones de los 'chalecos amarillos', que terminaban con frecuencia en violentos encontronazos con las fuerzas del orden, pero fue intensamente criticado por colectivos de periodistas y activistas que denunciaron medidas contrarias a la libertad de información y de manifestación.

Además, los defensores de derechos humanos criticaron que la práctica del acordonamiento había pasado a utilizarse de manera sistemática durante horas y que, en algunas manifestaciones, había generado reacciones de pánico entre los manifestantes y desbordamientos.

En 2019, por ejemplo, un grupo de manifestantes acabó saltando las vallas de un hospital en París para buscar refugio en sus pasillos y escapar al cerco de los antidisturbios, que les habían lanzado gases lacrimógenos. EFE

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