Caso de Villa Vásquez parece una serie de televisión
A medida que pasan los días, surgen nuevos elementos que han provocado la cancelación de agentes de la DNCD y la renuncia de la fiscal que actuó en el allanamiento
María Isabel Hiraldo
Como si se tratara de capítulos de alguna serie de televisión, ha sido cada detalle suscitado sobre el hecho que se divulgó el pasado sábado tres de agosto, luego de ser difundido un video grabado por una cámara de seguridad que muestra a agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) colocando drogas en una barbería ubicada en Villa Vásquez, provincia Montecristi.
En la grabación se observa el momento en que llegan los agentes e informan del allanamiento y tiran supuestas cantidades de drogas en zafacones y esquinas del local comercial donde unos jóvenes estaban laborando y había clientes.
Minutos después entra la fiscal del municipio, Carmen Lisset Núñez Peña, que informa del allanamiento, pero es sorprendida cuando le dicen que dentro del local había cámaras, mientras exige que le hicieran entrega del vídeo.
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Posterior a esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas aclaró en una nota de prensa que, en el operativo al negocio, no habían detenido a ninguna persona, asegurando que habían actuado bajo la coordinación de la fiscal adjunta de la provincia Montecristi, Carmen Lisset Núñez Peña.
El operativo en que se ocupó una porción del presunto vegetal, con un peso de 500 miligramos, fue efectuado bajo orden judicial 611-1-2019 CAUJ-00808), emitida por la magistrada Javierca Antonia Núñez, de la provincia Montecristi.
Al transcurrir la noche de ese mismo día, la DNCD y el Ministerio Público informaron que luego de haber analizado minuciosamente el video y confrontar lo ocurrido en la peluquería decidieron la suspensión de la fiscal Núñez Peña y de toda la dotación de esa localidad, indicando que habían iniciado un proceso de investigación en contra de los agentes.
Asimismo, notificaron a través de un comunicado que el presidente de la DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ordenó el traslado a la sede central de los agentes actuantes en el operativo donde fueron interrogados.
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No obstante, el vicealmirante Alburquerque Comprés dejó entrever la posibilidad de que el material que circulaba en internet pudo tratarse de un montaje. “Las redes sociales son morbosas porque cualquiera edita un vídeo y lo sube”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.
En tanto, que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó realizar la investigación a la Inspectoría del Ministerio Público. El Ministerio Público agregó, además, que afirmar que su representante en Montecristi “implantó drogas en dicho lugar, resultaba una deducción precipitada y extemporánea.
El caso tomó otro giro cuando el domingo cuatro, un hombre que se identificó como padre de un joven vinculado al caso denunció en un vídeo que difundió por las redes sociales que su vástago había sido “usado” por los acusados, incluyendo la fiscal Núñez Peña, y dijo que temía por su vida y la de su familia. Kelvin César Disla expresó que su hijo, Daniel Disla, actuó engañado por la fiscal una persona que solo identificó como “Mengañito” y los agentes de la DNCD.
Y al otro día, el lunes cinco, en horas de la mañana, Juan Daniel Disla admitió su participación en el hecho. En otro vídeo, confirmó que cargaba “unos tabaquitos” de marihuana, que lanzó al suelo de la barbería como parte de un plan orquestado previamente junto a las autoridades. Él era el hombre que se estaba pelando en el negocio el día del “operativo”.
Mientras que Félix Portes, abogado de los propietarios de la barbería, al acudir a la Procuraduría General de la República en compañía de los requeridos, expresó que aprovecharían para solicitar del Ministerio Público el acta del allanamiento y los nombres de todos los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que actuaron. También acudieron al lugar a querellarse de manera formal contra los involucrados.
Mientras esto pasaba, residentes en Villa Vásquez empezaron a manifestar el interés de que se interpusieran sanciones disciplinarias sin importar rangos o cargos dentro del sistema contra quienes hayan cometido exceso de poder e irregularidades en el caso. También exigieron que los casos que había llevado la fiscal, a quien acusaban de recurrir a la práctica de sembrar droga, fueran revisados.
La indignación por el caso no solo era sentida por los comunitarios de Villa Vásquez, sino por gran parte de la sociedad, lo que se evidenció en varias parodias y memes que se hicieron sobre el caso. Todos tenían como eje la “siembra de droga” por parte de agentes de la DNCD. También se burlaban de la labor de la fiscal Núnez Peña.
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Productor agrícola denunció que la renunciante fiscal le allanó finca sin orden judicial
Este martes el presidente del Colegio de Abogados (CARD), Miguel Surún, se refirió a la situación, indicando que de demostrarse que la sustancia colocada había sido droga, los responsables incurrirían en los delitos de posesión de sustancias controladas, asociación y falsedad de documentos públicos en violación del Código Penal Dominicano y la Ley de Drogas, por lo que podrían enfrentar hasta 20 años de cargo, aseguró.
Igualmente, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, deploró el incidente y planteó que debía ser investigado “hasta las últimas consecuencias” para restablecer la confianza en las autoridades.
Entre los que acudieron a la Procuraduría y fueron interrogados están Daniel Disla, a quien supuestamente le pagaron para tirar la marihuana cuando acudió a cortarse el pelo a la peluquería. También fue Máximo Peña, padre del dueño de la peluquería donde ocurrió el hecho, y Kelvin Disla, otro de los afectados. Estos fueron entrevistados durante varias horas.
De su lado, la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) hizo un llamado a todos sus miembros a unirse y defender la imagen del Ministerio Público, asegurando que a raíz del caso de la fiscalizadora y los agentes antinarcóticos hay sectores del crimen organizado que quieren ridiculizar la labor que hacen los fiscales.
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El panorama sobre el caso continuó intensificándose aún más este jueves, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) informó en la tarde que la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña, quien está siendo investigada por las supuestas drogas colocadas en la barbería en Villa Vásquez, intentó salir del país, pero su viaje fue imposibilitado tras supuestamente activarse una alerta migratoria. La aclaración se dio luego de que corrió como pólvora la versión de que la exfuncionaria había huido junto a su pareja a Nueva York, Estados Unidos.
La institución del sistema de justicia explicó que procedió a colocar dicha alerta como medida preventiva en el proceso de investigación que lleva a cabo para esclarecer los referidos hechos. De acuerdo con la PGR, el proceso de validación entre la información oficial de que la fiscal había salido del país (9:30 am) hasta la información de que fue retenida cuando intentó salir (3:00 pm) fue de casi seis horas.
En ese sentido, explicó la PGR que acostumbran a colocar la alerta migratoria de manera preventiva cuando se está en la fase inicial de la investigación para que las autoridades de Migración informen al Ministerio Público si la persona investigada tiene intenciones de salir del país.
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Horas más tarde, pese a la duda mostrada por el director de la DNCD sobre la veracidad del vídeo, las investigaciones realizadas por las autoridades determinaron que los agentes que actuaron en el allanamiento “actuaron de manera irregular” y el organismo antinarcóticos informó que éstos serían desvinculados de la institución luego que la comisión recomendó que fueran cancelados y sometidos a la justicia.
También se dieron a conocer los nombres y rangos de éstos: el mayor Víctor Encarnación, capitán Juan de Dios Heredia, sargento Martirez Cuello, cabo Juan Arias Peguero, los cuatro de la Policía Nacional, y el cabo de la Fuerza Aérea Adán Rodríguez Pichardo.
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María Isabel HiraldoPeriodista de Diario Libre.
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