Andrés Lugo Risk: “Necesitamos reducir los plazos sin comprometer la transparencia”
A partir de este lunes se someterá una modificación a la Ley 47-20 sobre la DGAPP
La Ley 47-20, que regula las alianzas público-privadas en República Dominicana, podría ser modificada en aspectos institucionales y de procedimiento, según explicó el director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk.
A partir de este lunes se someterá una modificación a la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas.
En el Diálogo Libre, el funcionario afirmó que desde el inicio de su gestión, hace un año, trabaja en un proceso de concertación con sectores empresariales, financieros y representantes del ámbito público y privado para introducir cambios tanto a la ley como a su reglamento.
Por ejemplo, el proceso de evaluación, estructuración, licitación y adjudicación de un proyecto de alianza público-privada puede extenderse entre 18 y 36 meses, debido a los distintos pasos técnicos, legales y administrativos que exige la ley actual.
La reforma a la ley, según Lugo Risk, busca reducir ese plazo para que los procesos puedan completarse en un período de entre 10 y 18 meses, “sin comprometer la transparencia, la competitividad y la eficiencia”.
La Ley 47-20 establece que la DGAPP es la rectora del sistema de alianzas, y recibe, evalua, estructura y tramita iniciativas presentadas por instituciones públicas o por el sector privado bajo el esquema de alianzas público-privadas.
Rol más activo
Según Lugo Risk, los cambios a la ley buscan dotar a la entidad de un rol “mucho más activo”. No solo actuaría como receptor y estructurador de iniciativas, sino también como generador de proyectos.
“Que no solamente sea receptor de las iniciativas, sino que también pueda ser un generador de proyectos”, indicó.
Además, la reforma plantea que las instituciones públicas tengan un cuerpo especializado en alianzas con el sector privado. Es decir, funcionarios capacitados que puedan evaluar, dentro del portafolio de proyectos institucionales, cuáles iniciativas podrían ejecutarse bajo ese esquema.
De acuerdo con Lugo Risk, muchas instituciones diseñan planes de proyectos que luego no pueden ejecutar por limitaciones presupuestarias o cambios en prioridades.
En cambio, con técnicos especializados, podrían identificar proyectos viables y remitirlos a la DGAPP para su estructuración.
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Fondos
La Ley 47-20 contempla la realización de estudios de prefactibilidad y factibilidad como parte del proceso de estructuración de un proyecto, pero no crea un fondo específico dentro de la DGAPP para financiar estos estudios cuando las instituciones no cuentan con recursos.
En ese sentido, la reforma plantea crear un fondo para la evaluación de proyectos en la DGAPP, destinado a cubrir los costos de estudios técnicos.
Lugo Risk explicó que muchas entidades públicas no someten proyectos porque los estudios pueden costar hasta 20 millones de pesos en el caso de grandes iniciativas.
La modificación a la ley de las alianzas público-privadas sería sometida en esta nueva legislatura congresual, que inició el 27 de febrero, para que los legisladores la analicen.