Más de 9,000 privados de libertad regresan a las aulas en cárceles del país

Unas 9,036 personas privadas de libertad iniciaron el año escolar 2026-2027 en 37 centros penitenciarios, una cifra que representa un aumento de 2,519 estudiantes respecto al período escolar anterior.

La información fue ofrecida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), que indicó que durante el periodo lectivo pasado  se habían matriculado 6,517 reclusos en programas de educación formal.

La entidad señaló que del total de alumnos matriculados este año, 4,556 corresponden al nivel primario, mientras que 4,480 cursan la secundaria para adultos, a través del programa Prepara. Estos son impartidos en los centros penitenciarios con el apoyo del Ministerio de Educación (Minerd).

El inicio oficial del año escolar se realizó de manera simultánea en los recintos carcelarios, con una ceremonia celebrada en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, donde este año se impartirá educación por primera vez.

Durante el acto, Carlos Guerrero, director Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Dinaia), quien representó al titular de la Dgspc, Roberto Santana Sánchez, destacó el papel de la educación en los procesos de rehabilitación y reinserción social.

“La educación constituye la libertad de las personas, el conocimiento libera y la ignorancia esclaviza”, afirmó Guerrero.

La institución considera la educación como uno de los ejes de los programas de asistencia y tratamiento dirigidos a las personas privadas de libertad, con el objetivo de contribuir a su formación y facilitar su reincorporación a la sociedad.

Otros programas de formación

Además de la educación primaria y secundaria, en los centros penitenciarios se desarrollan programas de formación técnica y profesional para ampliar las oportunidades educativas y ocupacionales de los internos.

Estas iniciativas se ejecutan mediante acuerdos y coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y distintas universidades del país.

Entre las instituciones universitarias que participan figuran la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), la Universidad del Caribe (Unicaribe), la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) y otras entidades educativas.

De acuerdo con la Dgspc, estos programas buscan fortalecer los conocimientos, habilidades y valores de las personas privadas de libertad, promover cambios positivos en su conducta y facilitar su reinserción social.

La institución sostiene que la formación educativa y ocupacional también puede contribuir a reducir las posibilidades de reincidencia una vez que las personas recuperen su libertad.