Acusan a la junta birmana de usar la covid-19 para 'asfixiar' a la disidencia

Bangkok, 16 jul (EFE).- La junta militar birmana utiliza la covid-19 para 'asfixiar' a los movimientos que rechazan el golpe de Estado del 1 de febrero, denuncia una oenegé formada por varios antiguos expertos de Naciones Unidas para Birmania (Myanmar).

'La junta usa la covid-19 como un arma para su propio beneficio político al asfixiar a los movimientos democráticos y ganar legitimidad y el control que anhela al alimentar deliberadamente un desastre humanitario', denuncia Yanghee Lee, relatora de la ONU para la situación de los Derechos Humanos en Birmania entre 2014 y 2020.

Lee, miembro fundadora de la oenegé Special Advisory Council for Myanmar, reclama a la comunidad internacional ayuda urgente para controlar la pandemia en el país, pero que esta sea entregada a los grupos étnicos fronterizos, como los chin o los kachin, que se oponen desde hace décadas a los militares birmanos.

'La junta ha permitido que la covid-19 campara a sus anchas. El golpe de Estado ha fracasado y no han podido establecer estructuras de control ejecutivo. La única forma viable de lidiar con la crisis de la covid-19 en Birmania es a través del movimiento democrático', apunta Chris Sidoti, exmiembro de la Misión de Investigación de la ONU en Birmania que acusa de genocidio al líder de la junta militar.

Para ello el grupo propone abrir corredores de ayuda humanitaria en varios puntos de las fronteras junto a asociaciones civiles, autoridades étnicas o con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), conformado por decenas de exparlamentarios y activistas.

El NUG, que se reivindica como el gobierno legítimo de Birmania y apoya a la derrocada líder Aung San Suu Kyi, es calificado como 'terrorista' por la junta militar, quien mantiene ordenes de captura contra sus miembros.

Tras mas de cinco meses y medio de la sublevación militar, la junta no ha logrado controlar todo el país y continúan las protestas en su contra a lo largo del país a pesar de la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad birmanas para aplacar a la disidencia.

Al menos 912 personas han muerto a raíz de la violencia utilizada por las autoridades, quienes han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que cifra en más de 6.670 los detenidos tras la asonada.

El líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, no ha cumplido su compromiso de frenar la violencia contra los civiles que adquirió a finales de abril frente a los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania.

'Es inaceptable que la ASEAN actúe únicamente a discreción de la junta mientras se pierden tantas vidas. No hay excusa para un mayor retraso de la ASEAN, las agencias de la ONU o cualquier otro actor. Hay formas para hacer que la gente reciba ayuda directamente”, señala Marzuki Darusman, también investigador de la ONU en Birmania.

El país asiático, sumido en el caos político y humanitario tras el golpe de Estado, trata de lidiar con un fuerte rebrote de la covid-19 agravado por la falta de oxígeno y la profunda desconfianza de la población con los militares.

Además, desde el golpe, miles de profesionales sanitarios iniciaron una huelga indefinida para protestar por la toma de poder y se niegan a trabajar bajo las ordenes de los militares.

Birmania registró el jueves 4.188 nuevos casos y 165 muertos, lo que eleva a 212.545 infectados, incluidos 4346 decesos, desde el inicio de la pandemia, aunque los expertos creen que la cifra real es mucho mayor. EFE

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