Congreso filipino otorga a Duterte poderes especiales en pandemia de COVID-19
Manila, 24 mar (EFE).- El Congreso de Filipinas aprobó este martes una ley que declara la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 y otorga poderes especiales al presidente, Rodrigo Duterte, quien podrá adoptar medidas urgentes sin consultar al Legislativo e incluso intervenir algunas empresas privadas.
Después de intensas deliberaciones que comenzaron la víspera, la Cámara de Representantes y el Senado unificaron sus versiones de la ley, que ha generado una gran controversia y suscitado críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
'Los poderes solicitados tienen fecha de caducidad. Durarán lo que dure la crisis del COVID-19', aclaró el lunes el secretario ejecutivo del Gobierno, Salvador Medialdea, en la cámara baja en su alegato a favor de la ley.
En la versión final de la ley, los legisladores limitan la duración de esos poderes especiales a tres meses, a no ser que la crisis sanitaria se solucione antes.
Los poderes especiales para Duterte son 'superfluos' e 'innecesarios', además de 'violar la separación de poderes', denunció el grupo legal FLAG (Free Legal Assistance Group).
Para la organización Karapatan, la medida es 'alarmante', y alega que se corre el riesgo de que 'los derechos humanos desaparezcan y el privilegio del hábeas corpus se suspenda' si se incumple la cuarentena y el toque de queda que rigen en el país.
El grupo Anabayan denunció que esa 'medida draconiana' solo pretende que Duterte 'acapare más poder' e imponer 'la ley marcial de facto'.
Duterte envió una carta al Congreso el sábado solicitando una sesión extraordinaria de las dos cámaras para que los legisladores le permitan 'ejercer poderes necesarios para llevar a cabo medidas urgentes para enfrentar la emergencia nacional actual'.
La propuesta de ley que redactó Presidencia contempla que el mandatario obtenga 'amplia libertad para utilizar los fondos apropiados para fortalecer la respuesta gubernamental', así como asumir el liderazgo de empresas privadas 'cuando sea necesario'.
Las empresas privadas que pueden ser intervenidas son compañías de transporte u hoteles para ser usados como centros de cuarentena o alojamiento de personal sanitario.
La versión final aprobada por el Congreso descarta la posibilidad de que el Ejecutivo controle concesiones públicas como telecomunicaciones, agua y electricidad.
Luzón, la mayor isla filipina y en la que se encuentra Manila, está en estricta cuarentena y cerrada por tierra, mar y aire por orden de Duterte desde hace una semana para contener el coronavirus, aunque el resto de islas del país han adoptado medidas similares.
Filipinas ha confirmado 501 casos de COVID-19 y 33 muertes, aunque se estima que hay miles de casos sin detectar ante la falta de medios en un país donde millones de personas viven hacinadas.
Con 106 millones de habitantes, Filipinas sólo ha realizado desde enero unas 1.600 pruebas de diagnóstico. EFE