HRW denuncia persecución de voces críticas en Irak y pide una reforma legal
Bagdad, 15 jun (EFE).- Las autoridades de Bagdad y las de la región autónoma del Kurdistán han empleado de forma habitual las 'vagas' leyes de Irak para formular cargos criminales contra sus opositores, desde las protestas que estallaron en octubre y durante la crisis del coronavirus, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW).
En un informe publicado este lunes, la organización de derechos humanos documentó el aumento de las violaciones de la libertad de expresión en los pasados meses, lo cual pone de manifiesto la 'necesidad de que el nuevo Gobierno iraquí reforme las leyes' relacionadas con este derecho.
Las autoridades han empleado 'una serie de normas legales sobre incitación y difamación contra los críticos, incluidos periodistas, activistas y otras voces disidentes', según HRW, que sin embargo destaca que ninguno de los casos documentados tuvo lugar desde la toma de posesión del nuevo Gobierno a principios de mayo.
'Debido al nuevo papel del primer ministro Mustafa al Kazemi y su voluntad declarada desde que llegó al poder de hacer frente a algunos de los retos más serios en materia de derechos humanos en Irak, el Gobierno tiene una oportunidad única de acabar con más de una década de restricciones a la libertad de expresión', afirmó la ONG.
Para ello, HRW dijo que los Parlamentos central y autónomo kurdo 'deben sustituir los artículos del código penal que criminalizan la difamación con sanciones civiles y enmendar las leyes que limitan la libertad de expresión de acuerdo a la ley internacional'.
En el informe, HRW examinó 33 casos de persecución en los que estaban involucrados 21 activistas y 14 periodistas que sufrieron ataques, 13 casos que tenían que ver con el apoyo del movimiento de protesta a través de las redes sociales y siete con la cobertura de la corrupción a nivel gubernamental.
HRW destacó que 'informar sobre abusos de las fuerzas de seguridad o sobre la corrupción es especialmente arriesgado', ya que el Código Penal iraquí (del año 1969) incluye varios 'crímenes' por difamación, incluido 'insultar' a un representante gubernamental.
Además, la organización dijo que en 2014 la Comisión de Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, vinculada al Parlamento, emitió un reglamento para los medios durante 'la guerra contra el terrorismo' del yihadista Estado Islámico, que sigue en vigor a día de hoy 'sin ninguna base legal'.
HRW denunció que las autoridades ordenador el cierre de ocho canales de televisión y cuatro cadenas de radio por un periodo de tres meses por haber infringido ese reglamento, además de advertir a otros cinco medios por su cobertura de las protestas que estallaron en octubre de 2019 y perdieron fuelle en los pasados meses con la llegada del coronavirus. EFE
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