La larga tragedia de los tunecinos atrapados en el CETI de Melilla

Natalia Román

Túnez, 5 may (EFE).- Para Faouzia, una madre tunecina, el tiempo se detuvo el pasado 27 de agosto cuando el menor de sus hijos, Samir, de 25 años, explicó que el vuelo de vacaciones que había tomado a Marruecos era en realidad parte de un plan para llegar a la ciudad autónoma española de Melilla.

'Cuando me dijo que estaba en España di un salto de alegría', rememora la mujer, que hoy optó por desafiar el confinamiento impuesto por el Gobierno tunecino para luchar contra el COVID-19 y manifestarse frente al Ministerio de Asuntos Exteriores junto a familiares de los cerca de 700 tunecinos atrapados en en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, bajo el riesgo de ser expulsados.

Fauzia, que contó las odisea de su hijo a Efe semanas atrás en su domicilio en el barrio de Ettedhamen, uno de los más empobrecidos y deprimidos de la capital tunecina, descubrió después la verdadera situación de su hijo, quien desde que se decretó el estado de Alarma vive hacinado con otras 1.600 personas en un espacio concebido para 780.

'Tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagarla y luego intentó trabajar como entrenador en todos los gimnasios que encontró, se postuló para la Policía y los Bomberos pero le rechazaron', afirma entre sollozos esta empleada de la limpieza casada con un albañil que trabaja 'un día sí y diez no'.

'Su sueño es abrir su propio gimnasio pero en este país sólo puedes conseguir algo si tienes dinero, sino, pide ayuda a Dios y siéntate a esperar', se lamenta mientras contempla su cama vacía.

INSTRUMENTO POLÍTICO

LA situación ha sido criticada duramente por la sociedad civil y en particular por el influyente Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) para el que suponen 'un instrumento de presión para que imponer un acuerdo que les permita llevar a cabo expulsiones masivas como hace Italia'.

'Los diferentes gobiernos que se han sucedido desde 2011 han demostrado que son frágiles frente a la presión Europea, sobre todo en lo que respecta a la cuestión migratoria', advierte la ONG.

'Tememos que haya un chantaje a través de las ayudas económicas. Los gobiernos, para evitar pasar por el Parlamento, pueden llegar a un acuerdo bajo la mesa. Ocurrió lo mismo con las expulsiones en Italia', agrega.

En declaraciones a Efe, el portavoz de Exteriores, Bouraoui Limam, negó este extremo y aseguró que 'no hay ni condiciones ni imposiciones, España y Túnez discuten de manera muy amistosa para encontrar una solución, siempre preservando el respeto a la dignidad de las personas'.

'Túnez aceptará siempre el retorno de sus ciudadanos que se encuentran en situación irregular en cualquier parte del mundo pero por supuesto según unas normas establecidas: verificar la nacionalidad de estas personas y estudiar de manera individual cada uno de sus casos. En ningún caso habrá una repatriación masiva', explicó.

ESPAÑA, PRIMER DESTINO DE LOS MIGRANTES ECONÓMICOS NORTEAFRICANOS

El itinerario de Samir se asemeja al de muchos de sus compatriotas, acuciados por un desempleo juvenil que alcanza el 35 por ciento, y al de numerosos argelinos y marroquíes y otros ciudadanos del Sahel, que tras los obstáculos en la ruta a través de Libia e Italia, han convertido España en su principal puerta de entrada a Europa.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Túnez, cerca de 3.500 tunecinos alcanzaron Europa en 2019 mientras que 1.300 perecieron en el camino.

Uno de ellos es Samir, esposo de Najoua, quien este martes también desafió el confinamiento, ataviada con una mascarilla, para gritar junto al grupo de familiares.

Se marchó hace ocho meses meses para reunirse con su hija en Francia, fruto de un primer matrimonio, a la que no veía desde hace quince años, explica a Efe.

'Los tunecinos no tienen suerte en ningún sitio. En su país sus derechos son pisoteados y fuera también', suspira antes de asegurar que 'yo también me iré de aquí un día'.

PROTESTAS Y HUELGAS DE HAMBRE EN MELILLA

Mounia, por su parte, se considera afortunada ya que logró entrar en Melilla junto a su hijo desde la ciudad marroquí de Nador tras desembolsar 2.000 euros por dos tarjetas de residencia, que devolvió al traficante una vez atravesó la frontera.

'Una ganga en comparación con quienes pagan hasta 3.000 y 4.000 euros', declara a Efe por teléfono esta auxiliar de radiología que lleva atrapada en el CETI de Melilla desde hace cuatro meses.

Divorciada de un tunecino con el que vivió en Francia hasta 2016, regresó a Túnez para cuidar de su madre enferma y tiempo después pidió un visado para regresar legalmente a Europa.

'Pero después de pagar 350 dinares (110 euros), lo rechazaron sin darme ninguna explicación. Mi hijo tiene el permiso de residencia francesa que expirará a finales de mayo y tengo que renovarlo como sea', afirma Mounia que vive junto a otras siete mujeres y sus hijos en una pequeña habitación en el CETI, donde la tensión ha crecido en los últimos días, con huelgas de hambre y otras movilizaciones para protestar contra una eventual expulsión que todos temen. EFE

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