Oposición en Nicaragua sale a las calles y Tesoro de EE.UU. sanciona hijo de Ortega

El Gobierno de Nicaragua dijo este miércoles que trabaja “para consolidar la paz” en el país, donde ha desplegado contingentes de policías horas antes de una manifestación contra el presidente Daniel Ortega y en la víspera del primer aniversario de la crisis que ha dejado centenares de muertos.

“Vamos avanzando, trabajando juntos para consolidar la paz que Dios quiere para Nicaragua”, expresó el Ejecutivo sandinista en un mensaje a los nicaragüenses a propósito de la Semana Santa, en el que además habló de los milagros de la resurrección, la restauración, y el avivamiento.

El mensaje fue difundido a través de medios oficialistas mientras la Policía Nacional realizaba un vasto despliegue en diversos puntos de Managua en los que se espera aparezcan grupos de opositores para participar en la manifestación.

La protesta fue convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que mantuvo el llamado a salir a las calles y ejercer el derecho a la libertad de expresión pese a que la Policía Nacional no autorizó la movilización argumentando que sus promotores han estado involucrados “en las graves alteraciones al orden público”.

“La marcha va”, indicó la Unidad Nacional en una carta pública divulgada el martes, en la que exhorta a la comunidad internacional “a llamar al Gobierno de Nicaragua a no reprimir dicha movilización”.

El despliegue de policías armados en Managua se ha ido incrementado este miércoles con el paso de las horas en algunas zonas, en especial las que fueron escenario de grandes protestas el año pasado.

En ciudades como Niquinohomo y Rivas (Pacífico) algunos opositores denunciaron a través de redes sociales el “asedio” de la Policía de Nicaragua.

Grupos oficialistas divulgaron en redes sociales que acompañarán a la Policía Nacional en su despliegue este miércoles.

Unas 325 personas han muerto en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua que mañana cumple su primer aniversario, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.

Las protestas también han dejado entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de “lesa humanidad”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por ruptura del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.