Países acusan a Eurocámara de dificultar un pacto sobre la prueba electrónica
Bruselas, 10 dic (EFE).- Los ministros de Justicia de la Unión Europea lamentaron este viernes que la Eurocámara no haya tenido en cuenta las concesiones hechas por los países para tratar de cerrar un acuerdo sobre la prueba electrónica.
El objetivo de ese instrumento es facilitar un marco legal para que las autoridades judiciales puedan acceder con rapidez a las pruebas (correos electrónicos u otros documentos) de otros estados miembros, especialmente en asuntos penales.
En el debate celebrado hoy, los ministros de Justicia pasaron revista a las negociaciones sobre ese instrumento y señalaron que las posiciones del Consejo y del Parlamento siguen alejadas en algunos aspectos, como el mecanismo de notificación que se deberá utilizar.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recordó que Bruselas presentó la propuesta sobre la prueba electrónica, 'que los profesionales del Derecho esperan con impaciencia', hace ya tres años y medio.
Las diferencias entre los colegisladores se han reducido y ha habido 'importantes concesiones' de los países para tratar de llegar a un compromiso.
'Tratamos de convencer el Parlamento (...) para que sea más flexible', dijo el comisario, y confió en que durante el próximo semestre Francia, que presidirá el Consejo de la UE a partir de enero, logre facilitar un acuerdo.
En la reunión, algunos países, como España, Irlanda y Bélgica, lamentaron que persistan las diferencias.
La delegación española se refirió a las 'concesiones sustanciales' ofrecidas por los países, 'que desgraciadamente el PE no quiere tomar en consideración por motivos más dogmáticos y políticos que estrictamente jurídicos'.
España indicó asimismo que sigue abierta a un compromiso 'pero no a precio de resignarnos a un instrumento sin valor procesal efectivo'.
Francia dijo que hará todo lo que esté en sus manos para tratar de facilitar un compromiso.
Las nuevas reglas permitirán a las autoridades judiciales de un país de la UE solicitar directamente el acceso a las pruebas electrónicas de cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro estado miembro, en relación con una investigación en curso.
El proveedor tendrá diez días para responder, mientras que el plazo se reducirá a seis horas en casos de emergencia. EFE
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