Sociedad civil pide más transparencia para preservar la transición
Túnez, 2 jul (EFE).- La sociedad civil tunecina instó hoy al Gobierno a mejorar la transparencia del Consejo de Seguridad Nacional, hacer partícipes a los actores sociales en la toma de decisiones y reforzar la independencia del poder judicial para preservar la joven transición democrática en tiempos de lucha contra el coronavirus.
En un informe publicado este jueves, una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos enumeraron, además, los incidentes ocurridos y denunciaron los excesos cometidos durante la gestión de la epidemia, que oficialmente ha causado la muerte en el país de 50 personas y contagiado a al menos 1.175 más.
En este sentido, las organizaciones recordaron al Gobierno que las medidas excepcionales que tomó después de que el Parlamento le delegara sus poderes durante dos meses debían haber sido consultadas previamente con el Tribunal Constitucional, única autoridad competente para su control y pendiente de creación desde 2015, por lo que instaron a acelerar su puesta en marcha de cara a eventuales futuras ocasiones.
Asimismo denunciaron la 'confusión' en la aplicación de sanciones contra los infractores de las normas preventivas, como la prohibición de salir del domicilio 'salvo por causa de fuerza mayor', y los desplazamientos en el interior del territorio nacional, la obligación de la auto-cuarentena para los pacientes contagiados y el toque de queda impuesto desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana.
El informe cuestiona, asimismo, la constitucionalidad del decreto de ley que suspendió los plazos legales de los procesos judiciales debido al cierre de los tribunales, que se vieron forzados al teletrabajo.
Esto afectó a las personas en detención provisional que esperaban su juicio en cárceles masificadas, exponiéndoles al contagio del virus debido a la aplicación 'casi imposible' de la distancia social, señala.
Las organizaciones subrayaron, además, la 'amenaza' contra la protección de los datos personales que en su opinión suponen los diferentes aparatos tecnológicos- cámara térmicas, robots, drones y aplicaciones móviles- fabricados por empresas privadas y puestos a disposición de las autoridades para controlar los desplazamientos e interacciones sociales.
Por ello, instó a una reforma general del marco un jurídico 'deficiente' y que data del periodo dictatorial.
El pasado 11 de junio finalizó el periodo de poderes 'especiales' del Gobierno, y el Parlamento deberá ahora examinar los 34 decretos de ley adoptados por el primer Ministro Elyes Fakhfekh, que ha sido acusado en las últimas semanas de conflicto de intereses por no haber declarado su participación como accionista en compañías que han contratado con el Estado. EFE