Modifican prisión preventiva a acusados de dañar cuartel policial en Santiago

La defensa de los cuatro imputados por los daños ocasionados al cuartel policial del distrito municipal El Limón, en el municipio de Villa González, provincia Santiago, informó este viernes que fue modificada la medida de coerción que inicialmente les impuso prisión preventiva, tras una revisión judicial amparada en el artículo 230 del Código Procesal Penal.

El abogado Carlos Alberto Álvarez, representante legal de los acusados, explicó que la medida fue dictada el pasado 23 de diciembre, cuando un juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago ordenó un mes de prisión preventiva contra los imputados, acusados de asociación de malhechores y destrucción de propiedad pública.

Tras la revisión, el tribunal sustituyó la prisión preventiva por medidas menos gravosas, conforme a los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 230 del citado código, al considerar que no se cumplían los presupuestos legales para mantener la privación de libertad, según indicó la defensa.

Los imputados 

Los imputados son Bartolo Santos Salas, Juan Danilo Santos Álvarez, alias Puerco; Aneudy Jiménez Suero y José Ramón Toribio Álvarez, alias Ramón, quienes fueron señalados por su presunta participación en los disturbios ocurridos el 7 de diciembre de 2025, durante una protesta que culminó con daños significativos a las instalaciones del destacamento policial de El Limón.

Según el informe oficial, un grupo de personas lanzó piedras contra la edificación, provocando la rotura de puertas y ventanas de cristal, además de otros daños materiales. 

El tribunal dispuso en su momento que los imputados cumplieran la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.

No obstante, el abogado Álvarez sostuvo que la protesta no fue organizada por los imputados, sino que se trató de una reacción colectiva de la comunidad del distrito, tras la muerte de un joven atropellado por una camioneta conducida por un agente policial que intervenía en una fiesta callejera durante un torneo de béisbol.

Pese a que la Policía Nacional calificó el hecho como un accidente, residentes del lugar, aseguran que el conductor actuó de manera intencional. Testigos relataron que los agentes acudieron al lugar para solicitar que se bajara el volumen de la música y que, en circunstancias aún no esclarecidas, el vehículo oficial arrolló a varias personas.

Ante la presión comunitaria, vecinos y dirigentes exigieron explicaciones claras sobre la actuación policial. En respuesta, la Inspectoría General de la Policía confirmó la apertura de una investigación formal y el traslado del comandante del destacamento de El Limón, mientras avanzan los procesos disciplinarios y judiciales.