Abogados del caso Stephora denuncian retrasos y omisiones en proceso de investigación

A casi tres meses del fallecimiento de la niña Stephora Annie-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar, los abogados de la familia de la menor denunciaron este martes una serie de irregularidades, retrasos y omisiones en el proceso investigativo por parte del Ministerio Público y otros organismos del Estado.

Stephora perdió la vida el 14 de noviembre, durante una actividad realizada por el Instituto Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en el distrito municipal Gurabo, provincia Santiago. Desde entonces, según la defensa, el caso ha avanzado con lentitud y sin respuestas concretas para la familia.

El abogado Miguel Valdemar Díaz afirmó que desde el mismo día del hecho solicitaron formalmente la imposición de medidas de coerción personales y reales contra personas que, a su juicio, debieron ser incluidas en la investigación, pero no fueron consideradas por la fiscalía.

“Solicitamos medidas de coerción contra representantes directos del colegio, incluyendo al presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, al director Freddy Núñez y a los responsables de la hacienda Los Caballos, pero el expediente ha sido remitido de un tribunal a otro sin que se adopte una decisión”, expresó Díaz.

El jurista explicó que la solicitud fue enviada primero a la jueza de Atención Permanente, luego al juez coordinador de la Instrucción y posteriormente al Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago, tribunal que según indicó, conoce exclusivamente casos de violencia de género y delitos sexuales, lo que hace prever una nueva devolución del expediente.

Asimismo, denunció que el Ministerio Público no ha dado respuesta a múltiples diligencias solicitadas desde el inicio del proceso, como interrogatorios a los niños que participaron en la excursión, levantamientos técnicos, métricas de cámaras y la entrega completa de los videos del lugar.

“El 23 de enero notificamos formalmente al Ministerio Público para que respondiera a estas solicitudes y, a la fecha, no ha habido ninguna respuesta ni avance procesal”, sostuvo Díaz, quien también expresó preocupación por la posible pérdida de evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad.

Posible reapertura

Otro punto señalado por la defensa es que, pese a que la hacienda fue clausurada tras establecerse que no cumplía con los requisitos para albergar actividades con adultos ni menores, los letreros de incautación fueron retirados y el establecimiento estaría operando nuevamente.

Por su parte, el abogado Chesnel Calcaño calificó el manejo del caso como una muestra de inercia institucional, tanto del Ministerio Público como del sistema judicial, al tiempo que destacó el impacto humano del proceso inconcluso.

“Este 14 de febrero, mientras muchos celebran el Día del Amor y la Amistad, una madre estará recordando tres meses de la muerte de su hija sin tener una sola respuesta de su caso”, manifestó Calcaño.

Sin avances

El jurista cuestionó que pese a la sensibilidad del caso, no se haya profundizado en las investigaciones ni se haya informado sobre avances concretos: “nos preguntamos qué ha pasado con el caso de Stephora, por qué no se han agotado todas las diligencias investigativas necesarias”, dijo.

Calcaño también señaló que han solicitado medidas de coerción contra la persona que dirige la ONG vinculada al Instituto Da Vinci, amparados en precedentes del Tribunal Constitucional que reconocen este derecho a las víctimas y querellantes, sin que hasta el momento el tribunal haya emitido una decisión.

Además, denunció una falta de fiscalización por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el cual aseguró que no ha aclarado si el centro educativo cumplía con los permisos y supervisiones requeridas.

“Un tema es la responsabilidad penal o civil, y otro muy distinto es la labor administrativa y de fiscalización del Ministerio de Educación. Aquí hay normas, pero muy poca supervisión”, advirtió.

Los abogados indicaron que en el lugar del hecho había al menos dos maestras, una encargada administrativa y otra persona que inicialmente fue identificada como directora, pero que posteriormente se determinó que no ejercía esa función, mientras el Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para decidir si acusa, archiva o adopta otro criterio procesal.

La defensa aseguró que continuará impulsando acciones legales propias para establecer responsabilidades y evitar que el caso quede en el olvido. “Lo que pasó con Stephora no puede volver a ocurrir en ningún colegio, sea público o privado. Nuestra responsabilidad es exigir justicia y respuestas para esta familia”, concluyó Calcaño.