El Ministerio Público deberá acusar en un mes a red vinculada a sobornos en contratos de seguridad
El expediente acusa a los imputados de dar sobornos para obtener contratos de seguridad en entidades públicas
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó el viernes al Ministerio Público una prórroga hasta el 14 de junio de este año para presentar la acusación formal contra militares y civiles acusados de integrar una supuesta red de corrupción dedicada al pago de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, luego de que el órgano acusador solicitara la extensión del plazo sea por cuatro meses, contados desde marzo, para concluir las investigaciones del caso que el Ministerio Público nombró como Operación Lobo y que involucra al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y varios oficiales activos y retirados.
Sin embargo, el tribunal concedió un plazo menor, correspondiente a tres meses, contado a partir de marzo pasado, por lo que el nuevo vencimiento quedó fijado para el 14 de junio.
La solicitud fue presentada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien argumentó que organismos como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República aún no han entregado informaciones requeridas por el Ministerio Público para completar el expediente.
Durante la audiencia, algunas de las defensas no objetaron el pedimento de la Pepca.
La procuradora Ortiz explicó que la extensión del plazo para presentar la acusación no significa que el expediente “no esté blindado” sino que, a su juicio, la jueza entendió que la investigación necesita de más documentaciones antes de debatirse formalmente.
Labor investigativa
La investigación se originó a mediados de 2025 tras una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch.
Según las autoridades, la presunta estructura operaba mediante el pago de sobornos para asegurarse contratos de seguridad en entidades estatales, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
- En el caso figuran como imputados el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
- Además están implicados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel policial Ramón Quezada Ortiz y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los arrestos fueron ejecutados durante una operación en la que participaron 26 fiscales y 189 agentes policiales, quienes realizaron 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.