Juicio a oficial del Ejército por violencia de género se aplaza por falta de quórum del tribunal
El proceso contra Orlando Ramírez Medina lleva unos seis años sin llegar a juicio de fondo
El Ministerio Público cuestiona los retrasos
El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó este viernes para el próximo 2 de octubre el conocimiento de la acusación del Ministerio Público contra el segundo teniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, procesado por presunta violencia de género e intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, una ciudadana venezolana.
La audiencia fue reenviada debido a que el tribunal no estuvo debidamente constituido, ya que solo se presentó una de las juezas que lo integran.
La decisión se produjo de oficio y vuelve a retrasar un proceso penal que, de acuerdo con el Ministerio Público, comenzó hace aproximadamente seis años.
La procuradora adjunta María del Carmen de León, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público, lamentó -según una nota de prensa- las situaciones que han impedido el avance del juicio y aseguró que el órgano acusador está preparado para presentar su caso.
“Es un tribunal colegiado y solo vino una juez, entonces ella reenvió para el 2 de octubre el conocimiento de esta causa”, explicó De León a periodistas a su salida del tribunal.
La representante del Ministerio Público recordó que en la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima tampoco pudo ser trasladada al tribunal. Posteriormente, la audiencia había sido fijada para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando que ya habían conocido un proceso penal que involucraba a la víctima.
“Siempre estamos listos, ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros”, manifestó De León.
Acusación contra el militar
Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público informó que, Ramírez Medina habría agredido física, verbal y psicológicamente a su expareja en reiteradas ocasiones, además de amenazarla de muerte.
Uno de los hechos señalados por la Fiscalía ocurrió el 13 de noviembre de 2019, alrededor de las 7:10 de la mañana, en la residencia del procesado, ubicada en el sector Hazim, de San Pedro de Macorís.
De acuerdo con el expediente, ese día el militar habría golpeado y amenazado de muerte a la mujer, provocándole múltiples traumas en el antebrazo y la pierna derecha. Un examen físico realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) forma parte del conjunto de pruebas del proceso.
La investigación también establece que la víctima sufrió otras agresiones que le provocaron traumas, abrasiones y heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cráneo, ambos brazos, la pierna derecha y el tórax posterior.
Además, las evaluaciones psicológicas practicadas a la mujer establecieron altos niveles de ansiedad y síntomas de depresión, según consta en la acusación.
También enfrenta acusación por trata
El órgano persecutor sostiene que, además de las agresiones, la mujer fue víctima de trata de personas por parte de quien entonces era su pareja sentimental.
Según la acusación, Ramírez Medina habría contactado a la víctima a través de redes sociales y posteriormente le facilitó los medios para trasladarse desde Venezuela a República Dominicana.
Una vez en el país, el órgano persecutor afirma que la sometió a explotación laboral mediante fuerza, abuso de poder y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
La investigación sostiene que el procesado habría establecido con la víctima una relación de carácter servil, limitando su libertad ambulatoria y su derecho a la intimidad.
La procuradora adjunta María del Carmen de León calificó el caso como delicado por involucrar, según la acusación, violaciones a derechos fundamentales relacionados con la violencia de género y la trata de personas.
El equipo del Ministerio Público está integrado, además, por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la fiscal América Ramírez, en representación de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
El tribunal deberá retomar el conocimiento del proceso el 2 de octubre, fecha en la que está pautada la próxima audiencia.