La Suprema bajo Abinader: 11 de sus 17 jueces habrán cambiado tras la nueva selección

El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluida la persona que sustituirá a Luis Henry Molina en la presidencia del alto tribunal.

Cuando concluya el proceso, 11 de los 17 puestos de la Suprema habrán cambiado durante los gobiernos de Luis Abinader: cinco magistrados ingresaron en diciembre de 2025 y otros seis serán seleccionados en las próximas semanas.

El proceso actual comenzó porque el período de 11 jueces concluyó el 3 de abril de 2026. Los magistrados de la Suprema son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura cada siete años, contados desde su elección, conforme al artículo 181 de la Constitución y la Ley Orgánica del CNM. Después de esa evaluación pueden ser confirmados por otro período o separados del cargo. 

Cuatro de los 11 jueces cuyo período terminó decidieron no someterse a evaluación: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Permanecerán en sus puestos hasta que sean juramentados sus sustitutos, como establece el Reglamento 2-25 del CNM. 

Los otros siete sí fueron evaluados. El CNM confirmó por otros siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados. Con esas dos posiciones y las cuatro correspondientes a quienes declinaron la evaluación quedaron seis vacantes. 

Cómo se evalúa a un juez de la Suprema

La evaluación no comienza con la entrevista pública.

El Reglamento 2-25 dispone que durante los siete años de ejercicio se elaboren informes sobre el desempeño de cada magistrado. Los presidentes de las salas informan sobre los jueces que las integran; el presidente de la Suprema evalúa a quienes presiden las salas y, en el caso del presidente de la corte, el informe corresponde a sus pares. 

Entre los aspectos técnicos revisados figuran la cantidad de proyectos de sentencia preparados, cuántos fueron aprobados o rechazados, el tiempo utilizado para presentar decisiones, expedientes pendientes, recusaciones, inhibiciones, votos disidentes motivados y participación en programas de formación.

• También se valoran integridad, imparcialidad, independencia, objetividad, reputación intelectual, imagen pública, disciplina, puntualidad y producción académica. 

Antes de las evaluaciones, el CNM debe publicar los informes de desempeño. La ciudadanía dispone de siete días para presentar objeciones contra la confirmación de un magistrado y el juez cuestionado tiene otros siete días para responder.

Después se realizan las entrevistas. El Consejo analiza los informes, las objeciones recibidas, las respuestas, la entrevista y las calidades personales y profesionales antes de decidir si confirma o no al magistrado. El reglamento permite además solicitar información a instituciones públicas o privadas para verificar los expedientes. 

En el proceso de 2026, el CNM entrevistó públicamente el 25 de agosto a los siete magistrados que optaron por continuar. Posteriormente dedicó otra sesión al estudio de los informes correspondientes a sus siete años de desempeño y el 8 de septiembre comunicó la decisión final. 

El reglamento establece criterios, pero no asigna una puntuación pública a cada indicador ni fija una calificación mínima automática para ser confirmado.

Cinco ya entraron en 2025

La renovación de la matrícula comenzó en diciembre de 2025, cuando el CNM escogió a Édynson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Alarcón acumulaba más de 30 años en la carrera judicial y provenía de la jurisdicción civil. Ureña también desarrolló su trayectoria principalmente en materia civil y comercial.

Hernández Victoria tenía más de 28 años en la judicatura, con experiencia en tribunales de paz, primera instancia y apelación.

Vásquez Castro había pertenecido a la carrera judicial y posteriormente ocupó funciones jurídicas en la Dirección General de Impuestos Internos, con especialización en derecho tributario y económico.

Rodríguez llegó desde el ejercicio profesional y académico, con experiencia en derecho constitucional, administrativo, libertad de expresión y derechos fundamentales.