Caso Senasa 2.0: Ministerio Público confirma 28 detenidos y se enfoca en prestadores de servicios
La nueva fase de la investigación del Ministerio Público por el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha llevado a la detención de 28 personas, incluyendo médicos y prestadores de servicios de salud
La nueva fase de la investigación del Ministerio Público por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) amplía el expediente más allá de los antiguos funcionarios de la aseguradora y coloca bajo investigación a médicos y otros prestadores de servicios de salud que, según el órgano acusador, habrían participado directamente en maniobras para sustraer recursos públicos, de acuerdo con comunicado de la Procuraduría General de la rpeública.
El Ministerio Público arrestó este viernes a 28 personas durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la Operación Cobra 2.0-A.
A diferencia de la primera fase de la Operación Cobra, que llevó ante los tribunales al exdirector de Senasa Santiago Hazim y a otros funcionarios y personas vinculadas a la administración de la aseguradora, esta etapa apunta expresamente hacia profesionales de la salud.
El propio Ministerio Público indicó que uno de los objetivos de los operativos es procesar a médicos que presuntamente participaron en el esquema de defraudación y que, según la acusación, afectaron tanto los servicios destinados a sectores vulnerables como a profesionales de la salud que ejercen conforme a las normas.
El Ministerio Público sostiene que la estructura investigada por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) utilizó distintos mecanismos para sustraer fondos públicos, entre ellos sobornos, doble facturación, adulteración de estados financieros, cobros por servicios no prestados y uso de documentos falsos.
La descripción forma parte de las líneas de investigación desarrolladas en la Operación Cobra y sus derivaciones, incluida la Operación Cobra 2.0-A, puesta en marcha este viernes y que dejó 28 personas arrestadas tras 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Según el Ministerio Público, la estructura habría sido instalada desde la Dirección Ejecutiva de Senasa y habría operado con la participación de funcionarios de la aseguradora y prestadores de servicios de salud.
El órgano acusador afirma que durante la investigación ha recopilado evidencias de sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer recursos públicos mediante maniobras fraudulentas.
A esos mecanismos se suman prácticas identificadas en otras líneas del caso, entre ellas doble facturación a Senasa, cobros por servicios y medicamentos presuntamente no suministrados a pacientes y utilización de sellos médicos falsos.
Fraude clínico y farmacéutico
Una de las ramificaciones de la investigación es la Operación Onco14, puesta en marcha en junio y vinculada al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a los procesados prácticas relacionadas con fraude clínico y farmacéutico.
Entre las irregularidades que asegura haber identificado figuran cambios en indicaciones médicas, utilización de sellos falsos, doble facturación a Senasa y entrega incompleta de medicamentos.
La investigación también menciona la venta de medicamentos donados, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.
El Ministerio Público sostiene además que los procesados cobraban a Senasa por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Dinero desviado a través de fundaciones y beneficios
Otra de las vías descritas por el órgano investigador fue la utilización de entidades y beneficios administrativos para distraer recursos.
Según el expediente de Onco14, los procesados habrían creado la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, mediante la cual supuestamente desviaban fondos y realizaban cobros a Senasa.
El Ministerio Público también señala como mecanismos de distracción de recursos la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, según la investigación, no correspondían al personal de este tipo de entidades.
A esto se agregan gastos de representación considerados ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles.
Cirugías estéticas y sabotaje digital
El expediente incluye además hechos que van más allá de la facturación médica.
El Ministerio Público afirma que habitaciones del centro oncológico fueron utilizadas para realizar cirugías estéticas y que dentro del esquema investigado también se produjeron sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
En la Operación Cobra 2.0-A, el Ministerio Público informó este viernes la ocupación de bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
La institución no detalló los montos ni el valor de los bienes ocupados.
De funcionarios a prestadores de salud
La primera etapa de la Operación Cobra se concentró en exfuncionarios y personas vinculadas a la administración de Senasa.
Entre los procesados figura el exdirector de la institución, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, a quien el Ministerio Público identifica como cabecilla de la estructura.
La nueva fase amplía el foco hacia exempleados, médicos y otros prestadores que, según la acusación, habrían participado en el esquema.
El Ministerio Público sostiene que las actuaciones investigadas afectaron a los afiliados de Senasa y provocaron pérdidas de miles de millones de pesos al Estado.
A los procesados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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