Caso Senasa 2.0: médicos cobraban por consultas falsas y luego repartían parte del dinero

El Ministerio Público sostiene que médicos vinculados al presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) recibían pagos por consultas y procedimientos que los afiliados nunca solicitaron ni recibieron y posteriormente entregaban entre un 40 % y un 60 % de esos recursos a integrantes de la estructura investigada.

La mecánica aparece descrita en la orden judicial que sirvió de base para los allanamientos de la Operación Cobra 2.0-A, ejecutada este viernes y que dejó 28 personas arrestadas en 37 allanamientos.

De acuerdo con el documento, una vez Senasa efectuaba los pagos a los médicos participantes, estos entregaban “en efectivo o mediante transferencias bancarias entre un 40 % y 60 % del monto cobrado” a Ángel Luis Guzmán Vásquez y otros miembros señalados por el órgano acusador.

El Ministerio Público sostiene que algunas de esas transferencias se realizaban sin colocar concepto alguno y otras utilizaban explicaciones que, según los investigadores, buscaban ocultar el origen del dinero.

Entre los conceptos registrados aparecen frases como “pago a san de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”.

Datos reales para servicios inexistentes

La investigación sostiene que exempleados de Senasa accedían a información confidencial de afiliados y utilizaban esos datos para solicitar autorizaciones y preparar reclamaciones médicas.

El expediente señala que se llenaban formularios a nombre de personas “que no la habían solicitado ni requerían ningún servicio”, incorporando diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes.

Según el Ministerio Público, los documentos eran posteriormente firmados y sellados utilizando códigos de prestadores de servicios de salud para darles apariencia de legalidad.

La orden judicial sostiene que los responsables “suplantaban su identidad” mediante el uso de datos personales y la falsificación de firmas con el propósito de obtener beneficios económicos.

Selección de afiliados

Otro elemento descrito por la investigación es la forma en que supuestamente seleccionaban a las personas cuyos datos serían utilizados.

El Ministerio Público afirma que se escogían “perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional”, con el objetivo de reducir la posibilidad de que detectaran el uso irregular de su información.

Una vez obtenida la autorización, agrega el expediente, se completaba el proceso mediante facturas sustentadas en documentación falsificada.

El documento señala que el ciclo terminaba con “el desembolso de fondos públicos a los médicos investigados por servicios que los afiliados nunca requirieron ni recibieron”.

Más de 4,300 autorizaciones por RD$41 millones

La investigación tuvo como punto de partida una denuncia presentada por Senasa en noviembre de 2024 sobre autorizaciones médicas desconocidas por los propios afiliados.

Según la orden judicial, entre enero de 2021 y febrero de 2025 fueron identificadas 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas por RD$41,125,551.02.

El Ministerio Público sostiene que para conseguir esas autorizaciones se realizaban llamadas al centro de atención de Senasa utilizando información real de los asegurados.

En algunas conversaciones, según el expediente, se utilizaron nombres ficticios como “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” y “Amatiris Gutiérrez” para ocultar la identidad de quien hacía las solicitudes.

“No solicitaron, no firmaron, ni recibieron” los procedimientos

El Ministerio Público entrevistó a afiliados cuyos nombres aparecían en formularios de reclamaciones.

Según el expediente, estas personas dijeron desconocer a los médicos, diagnósticos y centros donde supuestamente habían recibido atención.

La orden señala que los entrevistados fueron enfáticos al afirmar que “no solicitaron, no firmaron, ni recibieron” los procedimientos registrados a sus nombres.

Algunos, incluso, demostraron que cuando supuestamente recibieron las consultas o procedimientos se encontraban trabajando, en sus hogares, fuera de la ciudad o fuera del país.

INACIF y firmas falsificadas

Como parte de las pesquisas, formularios atribuidos a varios afiliados fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Las experticias concluyeron en distintos casos que las firmas que figuraban en los documentos “no se corresponden con la firma de los afiliados”.

El Ministerio Público sostiene que estos resultados respaldan su hipótesis de que se elaboraron reclamaciones por servicios médicos que nunca fueron prestados.

Consultas ginecológicas atribuidas a hombres

Las auditorías practicadas por Senasa también detectaron irregularidades particulares.

En el caso de uno de los médicos investigados, la auditoría identificó “una o varias consultas de medicina especializada en ginecología a afiliados masculinos”.

Los hombres contactados, según el expediente, no validaron esos servicios. La auditoría también reportó facturación de servicios no brindados y duplicidad de prestaciones.

En otros casos fueron identificados procedimientos considerados no pertinentes y afiliados que solo reconocían parcialmente los servicios facturados a sus nombres.

Movimiento de dinero

La investigación también siguió el movimiento del dinero.

Según la orden, una de las cuentas de Ángel Luis Guzmán Vásquez recibió RD$27.3 millones en transferencias entre 2020 y 2025. Entre los principales ordenantes señalados figuran personas vinculadas a la investigación.

Al consolidar varias cuentas, el Ministerio Público identificó RD$64.8 millones en créditos y RD$64.4 millones en débitos.

El expediente contrasta esas cifras con los ingresos salariales registrados por Guzmán Vásquez ante la Tesorería de la Seguridad Social: RD$1.45 millones entre agosto de 2015 y octubre de 2022.

El Ministerio Público describe el comportamiento financiero como una “alta rotación de liquidez” que, según su interpretación, no guardaría correspondencia con los ingresos formales declarados.

Operación Cobra 2.0-A

El Ministerio Público informó este viernes que la Operación Cobra 2.0-A dejó 28 personas arrestadas durante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

La orden judicial revela que la planificación de los allanamientos fue denominada “Caso SeNaSa - Doctores” y contemplaba decenas de ubicaciones vinculadas con las personas bajo investigación.

En la operación participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. El Ministerio Público también informó que el DNI participó en la investigación.

La Procuraduría sostiene que Cobra 2.0-A busca procesar a exempleados de Senasa, médicos y otras personas que habrían participado en distintas maniobras para defraudar a la aseguradora estatal con miles de millones de pesos.