Procuradora tilda de mito versión de que el Ministerio Público siempre pide prisión preventiva

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, tildó este miércoles como mitos varias afirmaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia, entre ellas que el Ministerio Público solicita prisión preventiva para todos los imputados y que las cárceles dominicanas están llenas de personas detenidas por consumo de drogas.

Durante su participación en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Reynoso aseguró que muchas de esas afirmaciones se han convertido en verdades aceptadas sin que existan datos que las sustenten.

“El mito, el Ministerio Público le pide prisión a todos y los jueces se la otorgan. Y yo digo, ¿quién tiene esos datos? ¿Dónde están los datos que sustentan ese sesgo cognitivo?”, cuestionó.

• La procuradora sostuvo que en el debate sobre la prisión preventiva se mezclan dos indicadores distintos. Uno es la cantidad de prisiones preventivas que se imponen respecto del total de medidas de coerción y otro es el porcentaje de presos preventivos dentro de la población penitenciaria.

“No es lo mismo la cantidad de prisión preventiva sobre cada 100 medidas de coerción (...) que la tasa de privados de libertad que están todavía preventivos”, explicó.

Según Reynoso, el segundo indicador también depende del tiempo que tarda un proceso en alcanzar una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, por lo que cuestionó que se atribuya directamente la cantidad de presos preventivos a la medida de coerción impuesta al inicio de los procesos.

También puso en duda las cifras de 60 % y 70 % de presos preventivos que, afirmó, suelen citarse en el debate público sin una base estadística suficientemente comprobada.

“Repetimos, estadísticas que no tienen sustento y entonces se toman decisiones en base a sesgo, no en base a indicadores de la realidad de lo que está ocurriendo”, afirmó.

Criterio de oportunidad y consumo

Reynoso también rechazó la afirmación de que las cárceles dominicanas están llenas de personas encarceladas por consumir sustancias controladas.

Aseguró que desde hace más de seis años el Ministerio Público aplica el "criterio de oportunidad" en los casos de consumo y sostuvo que actualmente no existe ninguna persona encarcelada exclusivamente por esa causa.

“La realidad es que el Ministerio Público tiene más de seis años aplicando criterio de oportunidad para el consumo. No hay un solo privado de libertad por consumo de drogas en este país. Si está privado de libertad, tenía otro delito”, afirmó.

Judicialización y conflictividad social

La procuradora utilizó estos ejemplos para cuestionar lo que definió como sesgos cognitivos dentro de la discusión sobre justicia penal, entendidos como ideas que se repiten hasta asumirse como ciertas pese a no estar sustentadas en información real.

“El MP lo judicializa todo”

Otro de los planteamientos que Reynoso rechazó fue que los fiscales lleven indiscriminadamente a los tribunales los conflictos que llegan al Ministerio Público.

Indicó que durante el último año la institución recibió 236,783 denuncias formales y que menos del 10 % terminó judicializada.

Según explicó, buena parte de los expedientes recibe otras salidas y la elevada cantidad de casos que llega al sistema responde, además, a los niveles de conflictividad social existentes en el país.

Señaló que seis de cada diez homicidios se producen en conflictos sociales y citó como ejemplo las más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte y las 73,000 relacionadas con violencia intrafamiliar y de género recibidas durante el último año.

Reynoso también rechazó que exista una resistencia institucional a los acuerdos y las soluciones alternas. A su juicio, una de las dificultades está en la escasa cultura de conciliación entre los propios actores que intervienen en los conflictos.

La reparación de las víctimas

La procuradora cuestionó además la percepción negativa que, según dijo, todavía existe cuando una víctima acepta una indemnización económica como parte de la solución de un proceso.

Catastro penitenciario y defensa

Reynoso sostuvo que recibir una reparación no significa que una víctima “se vendió”, sino el ejercicio de un derecho reconocido dentro del sistema.

Ese planteamiento formó parte del eje central de su conferencia, titulada “Derecho de las víctimas en el proceso penal”, en la que cuestionó que el debido proceso sea analizado casi exclusivamente desde la perspectiva del imputado.

“¿En qué momento, sobre qué sesgo cognitivo, entendimos que el debido proceso solo es del imputado? (...) En la República Dominicana esto no solo no es correcto, es inconstitucional”, afirmó.

Primer catastro penitenciario

En medio de sus cuestionamientos sobre la falta de estadísticas confiables, Reynoso anunció que la Procuraduría ha trabajado durante 14 meses en el primer catastro penitenciario biométrico del país.

El levantamiento comprende a más de 30,000 privados de libertad e incluye sus datos biométricos y la sistematización digital de los expedientes.

Según explicó, la plataforma está interconectada en tiempo real con el Poder Judicial y permitirá disponer de información más precisa sobre la población penitenciaria y su situación procesal.

Defensa gratuita para víctimas

Reynoso también anunció la apertura simultánea de 37 oficinas de representación legal gratuita para víctimas en diferentes puntos del país.

Explicó que la iniciativa procura garantizar asistencia jurídica a personas que no tienen recursos para contratar un abogado y reducir la desigualdad que, a su juicio, existe actualmente entre las posibilidades de representación del imputado y las de la víctima.

La conferencia de Reynoso formó parte de la tercera jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional y dedicado este año al debido proceso en materia penal.